TIEMPOS

ángel laya l.
La realidad jurídica social venezolana nos señala que el Estado tiene la
facultad para establecer en sus bienes modalidades, disponer de ellos y regularlos
conforme a mecanismos de derecho que el mismo llegue a crear,
distinto al patrimonio del Estado en su sentido restringido (limitado a los
bienes con los que cuenta para su cometido). Los bienes de propiedad
social son aquellos de titularidad y patrimonio de toda la sociedad o
conjunto de ciudadanos que conforman a la nación venezolana; garantizan
la seguridad y beneficio de la población en su conjunto y abarcan
todos aquellos bienes que tienen un contenido permanente o no, pero
que en cuya tutela y protección todos los integrantes del Estado tienen
la obligación de proteger y custodiar conjuntamente con las distintas
entidades político-territoriales que internamente conforman al Estado
venezolano, con la finalidad y potestad por parte de los órganos del
Poder Popular, tales como los consejos comunales, las comunas, etc., de
ejercer la administración, gestión, custodia y control sobre un conjunto
de bienes, todo con el fin de consolidar las bases del socialismo y democratizar
de esta manera la propiedad sobre bienes y recursos.
propiedad social y gestión económica
Entre la propiedad pública y la propiedad social existe una relación entre
género y especie. Es decir, aunque toda propiedad social es pública,
no toda propiedad pública es propiedad social. La llamada propiedad
pública es aquella que está direccionada a satisfacer un interés general
y por tanto puede estar destinada al uso directo de un conjunto indeterminado
de ciudadanos o estar dirigida al uso privado de la estructura
administrativa a los fines de que en forma indirecta se puedan prestar los
servicios públicos a la ciudadanía.
Al respecto se han formulado a su vez dos teorías que tratan de explicar
la naturaleza de la propiedad pública. En tal sentido explica dichas teorías
Eloy Larez (2001):
La primera, denominada teoría clásica sobre el dominio público, sostenida en
Francia por Ducrocp y Berthelemy, se fundamenta en el hecho de considerar que
los bienes del dominio público por su naturaleza no pueden ser apropiados por
personas naturales o jurídicas incluido el Estado. Estos bienes por su naturaleza y
destino lo hacen parecerse a las res comunes, cuya apropiación no puede concebirse.
La segunda, denominada teoría moderna del dominio público, formulada por
Maurice Hauriou que ha tenido acogida generalizada por los sistemas normativos
occidentales, señala que los bienes del dominio público afectados al uso directo o
indirecto de los ciudadanos son de titularidad del Estado. En este sentido la señalada
teoría sostiene que no es la naturaleza ni el destino directo al uso del público. Por
tanto esta concepción teórica amplia al dominio público aquellos bienes que, no
obstante no estar al uso directo del público, están afectados en forma indirecta a la
prestación de los servicios públicos (p. 696).
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