TIEMPOS

juan carlos loreto
para generar bienestar en la población, se limita a la privatización y
focalización de los servicios sociales, garantizando la ganancia a los
sectores privados que intervienen en la producción de servicios sociales;
conduciendo a la población a responder sus demandas sociales por
medio de la oferta-demanda y a quienes no disponen de respaldo monetario,
asistirle a través de redes de protección social mediante un conjunto
de intervenciones compensatorias, ya sea estableciendo regulaciones a las
soluciones de mercado o proporcionando soluciones alternativas para
la demanda de la población insolvente, a través de la entrega de bienes
o servicios a un precio inferior al del mercado, a uno menor al de su
costo de producción o, inclusive, de forma gratuita (Ernesto Cohen y
Rolando Franco, 2005).
La gestión social ha de producir programas sociales racionales que
transformen los insumos (recursos financieros y no financieros) en
productos, bajo criterios de eficiencia interna e impacto externo sobre
la población destinataria. El modelo desde esta concepción incluye, por
tanto, funciones de organización, dirección, programación, ejecución,
monitoreo y evaluación de impacto de los programas sociales, siendo
éstos últimos y los programas la unidad mínima de gestión de la
política social.
Desde esta concepción, la atención está centrada en la organización
y gestión de programas y proyectos, por lo que el proceso se estructura
en la transformación de los recursos en bienes y servicios (productos),
a través de actividades, destinados a una población, asumiendo que producirán
un impacto propuesto. La relación insumo-producto se expresa
en la combinación de cantidades y calidades, que debe ser valorada en la
evaluación ex ante, durante y después.
Vista así la gestión social, se introducen criterios gerenciales en la
administración de la política social, de manera que los responsables
de la ejecución en sus diferentes niveles e instancias deben garantizar
la maximización de la rentabilidad financiera, a través de la facturación
por la prestación de servicio y reducción de costos. Ocurre también
la separación entre los responsables de la formulación de las políticas
y la ejecución. Desde esta concepción, la gestión de la política social
puede ser desarrollada por el mismo Estado con lógica de mercantilización
o por terceros (el llamado tercer sector), tales como ONG,
organizaciones comunitarias o religiosas, y el sector privado. Mediante
este esquema de gestión, se crean cuasimercados al interior del Estado o
un Estado empresarial, en alianza con el tercer sector y el sector privado
(Cesar Giraldo, 2013).
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