TIEMPOS

ángel laya l.
La Constitución de 1961 reguló una estructura jurídica política que
no pudo ajustarse a los rápidos cambios ocurridos en nuestro país; por
tanto, la dinámica social hizo implosionar la obsolescencia e inmutabilidad
de los principios de democracia representativa que sólo fue
destinada a proteger los intereses de una clase dominante –la burguesía
propietaria de los medios productivos–. Esto conllevó, en la práctica, a
la negación absoluta de participación de las grandes mayorías nacionales
con la consabida carga excluyente de este modelo de país, y tal sistema
de cosas devino en grandes y graves injusticias para la generalidad de
los integrantes de nuestra sociedad. De modo que, estructuralmente,
las relaciones de producción existentes en este período histórico predeterminaron
irreversiblemente que las decisiones políticas estuvieran
acaparadas por pequeños grupos dominantes. Por tanto, toda la
actividad legislativa generaba en leyes sólo favorables a estos grupos, en
razón que iban encaminadas a fortalecer en forma continua el derecho
de propiedad y la libertad económica sin ninguna regulación por parte del
Estado, derecho de propiedad sobre los medios de producción que
evidentemente sólo favorecía a estos grupos oligárquicos en desmedro
del proletariado, acarreando que las fuerzas productivas asuman una
conciencia alienante. En este sentido se expresa Karl Marx (1975) al
señalar lo siguiente:
El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace por obra de
la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la división del trabajo,
se les aparece a estos individuos, por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino
natural, no como un poder propio, asociado, sino como un poseer ajeno, situado
al margen de ellos, que no saben de dónde procede ni a dónde se dirige y que, por
tanto, no pueden ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie de fases
y etapas de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los
hombres y que incluso dirige esta voluntad y estos actos (p. 12).
Pero, como hemos afirmado, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece, a lo largo de sus distintas disposiciones,
nuevas formas de organizaciones socio-productivas que se originan y deben
desarrollarse en las comunidades. En estos entes de gestión económica
deben prevalecer los principios de corresponsabilidad, cooperación, sustentabilidad,
libertad, justicia social, solidaridad, equidad, transparencia,
honestidad, igualdad, eficiencia y eficacia, contraloría social, rendición
de cuentas, asociación abierta y voluntaria, gestión y participación democrática,
formación y educación, planificación, respeto y fomento
de las tradiciones, la diversidad cultural, articulación del trabajo en redes
socio-productivas y cultura ecológica, dando a las venezolanas y venezolanos
herramientas de contenido social para el desarrollo económico
de un sistema incluyente, y con capacidad de fortalecer los proyectos
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