TIEMPOS

adelina rodríguez mirabal
Posteriormente, el 12 de agosto de 1865, se presentó una nueva solicitud
en materia de explotación aurífera; en esta ocasión, por parte del
Vice-Cónsul francés en Ciudad Bolívar, relativa a obtener la autorización
para introducir compañías francesas a fin de explotar exhaustivamente
los yacimientos auríferos.
A esta solicitud siguió otra de mayor trascendencia, presentada el 23
de octubre de 1866 por el ciudadano norteamericano Joseph B. Austin.
La concesión se establecía por el término de treinta años, prorrogables
por otros treinta, siempre que las compañías, a quienes ellas favorecían,
ofrecieran las mismas ventajas que cualesquiera otras que se presentasen
optando iguales derechos. Esta nueva concesión, en la cual se estipulaba
la instalación de una a diez compañías, cada una con cuarenta minas
para su explotación, en una extensión territorial de diez mil metros
cuadrados por mina 1 , fue aprobada por acuerdos de 5 de noviembre de
1866 y 12 de mayo de 1867 con el nombre de Concesión Austin.
Por los acuerdos estipulados en la misma, la Concesión Austin
sirvió de base para las otras que se otorgaron a partir de su aprobación,
de hecho, constituyó la primera que para la explotación de las minas de
oro del Yuruary fue otorgada a una empresa extranjera.
El contrato suscrito con Joseph B. Austin contemplaba, entre otras
cosas, la potestad del Estado para “establecer y desarrollar la explotación
de los terrenos auríferos de que la Nación es dueña y poseedora
en virtud de su soberanía en su Estado Federal de Guayana, y por cesión
del mismo, ha hecho a Joseph Austin (…) las solemnes concesiones autorizadas
por el espíritu y la letra del código nacional de minas de 1854 y
el decreto ejecutivo reglamentario de 30 de junio de 1866” (Memorias de
Fomento, 1866, p. 56).
Como uno de los puntos más relevantes contemplados en el texto de
la concesión vino dado por la definición del carácter de la explotación
conferido a las compañías que se organizaran al tenor de la misma. En
tal sentido, quedaba claramente establecido que debían ser compactas,
es decir, que cada cuarenta minas debía considerarse como una porción
continua de terreno, estar situada cerca de los caminos, arroyos,
ríos, bosques.
Las compañías, organizadas conforme a este documento, obtendrían
privilegios tales como: 1) El pago del diez por ciento de sus
utilidades netas. 2) La introducción, libre de todo derecho, por la aduana
de Ciudad Bolívar, de aquellos artículos que considerasen como esen-
1 En la forma en que dichas minas están definidas por el artículo 3° del decreto de 30 de junio que a la
letra dice: “cada concesión comprenderá un área de diez mil varas cuadradas y esto se llamará ‘una mina’.
La demarcación se hará por líneas rectas y horizontales cortadas en ángulos rectos, cualquiera que sea la
figura exterior del terreno” (Memoria de Fomento, 1869, p. 23).
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