TIEMPOS

haydée ochoa henríquez
En la práctica, la Transparencia y la Rendición de Cuentas son
principios que no toman expresión en la gestión pública. Algunos esfuerzos
se pueden identificar en los altos niveles de gobierno, el programa
Aló, Presidente, dirigido por el presidente Chávez en sus gobiernos es un
ejemplo (Ochoa, 2008), pero a lo largo y ancho del aparato público se
observan, por el contrario, profundas restricciones a la obtención de información.
Basta sólo tener presente que las páginas web de las distintas
instituciones brindan escasa información sobre la gestión pública, sobre
sus procesos, decisiones, resultados; excepcionalmente encontramos, por
ejemplo, los presupuestos de las instituciones a disposición pública.
La contraloría social, que es un tipo de participación, así como un
tipo de control que permite a los ciudadanos interpelar la gestión tanto
pública como privada y social en función de intereses colectivos, es otra
política pública formalmente definida en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y más adelante en una ley, pero muy débil en la
práctica. Al igual que la Transparencia y la Rendición de Cuentas es un
proceso promovido por la NGP.
En un contexto neoliberal la contraloría social se confunde con
procesos de colaboración de los ciudadanos con el aparato público. En
un contexto transformador, la contraloría social debe ser vigilante del
destino del viaje. No obstante, a pesar de los esfuerzos formales por
hacer de este proceso una estrategia para avanzar en el Poder Popular
que se expresan en la Ley Orgánica de Contraloría Social (AN, 2010),
lejos estamos en el país de hacer de esta política de gestión pública una
estrategia para la construcción del Poder Popular. Más allá del discurso,
la contraloría social a la gestión pública ha contado con diversos obstáculos,
desde un gran desconocimiento sobre su significado tanto por
las comunidades como por la burocracia, pasando por la confusión con
la colaboración propia del neoliberalismo, hasta la negación de los requerimientos
para su ejercicio, en especial de la información, a pesar de la
obligación constitucional del Estado de facilitar su práctica.
Articuladas con políticas públicas contrahegemónicas, el gobierno
bolivariano ha creado nuevas instituciones con procesos y sujetos que
buscan responder a las nuevas políticas, que consideramos parte de los
esfuerzos en la construcción de una gestión pública alternativa, pero que
han sido penetradas por la lógica del capital. Dos ejemplos es necesario
resaltar, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), con responsabilidades
en la gestión de una política de control de cambio dirigida
a restringir la salida de divisas, la cual fue penetrada por la lógica del
capital sumándose a instituciones que reproducen esta lógica a través
de prácticas que favorecen la corrupción. El otro ejemplo es la creación
89