TIEMPOS

Tiempos para pensar modelo productivo y alternativas al desarrollo
mineral aurífero como rubro de exportación dada su amplia demanda en
los mercados nacional e internacional.
En este contrato, conocido como la Concesión Gorrín, se contemplaba
el beneficio de la explotación exclusiva de las Minas del Yuruareo por el
término de sesenta años consecutivos, a contar desde la fecha del contrato.
Así como también el beneficio de otro contrato o concesión correspondiente
a treinta leguas en cuadro correspondientes a la antigua Misión
del Caroní o sus inmediaciones (Memorias de Fomento, 1866, p. 55).
El carácter de explotación exclusiva revestido por la Concesión
Gorrín contradecía no sólo la esencia del Código Minero de 1854, sino
también la alternativa, en términos de interés económico para el Estado,
de conceder nuevos contratos; de ahí que, a la caída del régimen de José
Tadeo Monagas en 1858, la llamada Concesión Gorrín fue sometida
a revisión.
El estallido de la Guerra Federal (1858-1863) interrumpió el proceso
que se venía desarrollando de exploración y explotación de oro. El Estado
se mostraba cada vez más interesado en la dinámica de explotación y
aprovechamiento de los recursos mineros, sin embargo, a efectos de la
firma de cualquier tratado o concesión al respecto debía garantizar un
clima de cierta estabilidad política que, en esos momentos por la coyuntura
de la guerra, no estaba en condiciones de satisfacer.
Bajo estas circunstancias se trató de concertar fórmulas de integración
del estado Guayana a la Unión Federal. En tales términos, escribió el
general José M. Frontado, presidente del estado Guayana, al presidente
de la República, Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, en septiembre de
1864, auspiciando la integración regional. Luego de una serie de negociaciones
entre las partes, en octubre de ese año, se concretó la firma
de un acuerdo mediante el cual el estado Guayana “reconocía la legitimidad
del gobierno nacional, se reincorporaba a la Unión Federal y se
comprometía (...) al desarme de sus fuertes al Mariscal Presidente, quién
otorgó la más amplia amnistía y se comprometió a atender a los reclamos
legales del estado Guayana (Francisco González Guinan, 1958, p. 330).
El proceso contempló la derogación del Código Minero de 1854 y la
implementación de una nueva disposición, contenida en la Constitución
Federal de 1864, en virtud de la cual se consagraba la libre administración,
por parte de los Estados, de sus recursos naturales. En tal
sentido, se confería a cada Presidente de Estado la potestad de decidir
con relación a la concesión de los recursos mineros. En este contexto,
la Concesión Gorrín, que se había suscrito en virtud de los decretos de
1854, fue pasada a la Corte Federal y, para el año de 1866, se declaraba la
caducidad de la misma.
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