01 PRINCIPIOS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Una construcción teórica 107
de resistir el contraste de la ley. En su composición, la sumisión del convenio
extraestatutario a lo previsto por el legislador «no se rige por el
principio de jerarquía normativa, configurándose más bien como una
relación entre fuente de derecho objetivo y fuente de derecho subjetivo»;
además, sitúan el fundamento del control, no en un interés general en la
depuración del ordenamiento jurídico, sino en intereses particulares
—individuales o colectivos— de quienes pretenden reaccionar frente a
una contratación que se presume ilegal y les perjudica 395 .
Sin embargo, de la dos opciones en presencia ofrecidas al legislador
(dichos pactos «requieren, bien de mecanismos distintos que
garanticen su cumplimiento, bien de su consideración expresa por las
normas legales a los efectos de extenderles los dispositivos previstos
con carácter general» 396 ), ésta acaba admitiendo la impugnación
directa de los convenios extraestatutarios y el consiguiente control
abstracto 397 de lo que implícitamente considera normas; más aún,
de tener en cuenta la remisión contenida en el artículo 163.1 LPL a
los cauces de la modalidad de conflictos colectivos, cabría superar
incluso su limitación a los convenios «regulados en el Título III del
Estatuto de los Trabajadores» y postular la posibilidad de que en este
caso la Administración iniciara el proceso 398 .
A pesar de críticas insistentes al tratamiento uniforme 399 ,y de
diversos efectos «distorsionantes» a inferir del mismo, susceptibles de
ser situados en una legalidad a controlar distinta [iguales reglas de
legitimación, pero en las que va a ser difícil identificar —salvo en
caso de adhesión— sujetos colectivos legitimados cuyos afiliados en
395 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: El proceso de conflicto colectivo de trabajo.
Significación y contenido general,Madrid (ACARL), 1993, p. 86 ó PÉREZ YÁÑEZ, R. M.:
El control judicial de los pactos extraestatutarios, cit., p. 311. En igual sentido, STS 12
junio 1995 (Ar. 5964) y STCT 8 y 25 mayo 1984 (Ar. 4854 y 4915).
396 ORTIZ LALLANA, Mª. C.: La intervención del sindicato en el proceso de trabajo,
Madrid (CES), 1994, pp. 237 y ss.
397 Por todos, LINARES LORENTE, J. D.: «Criterios judiciales recientes sobre impugnación
de convenios colectivos», AL, núm. 14, 1995, p. 220; entre los pronunciamientos
judiciales, STSJ La Rioja 14 marzo 1995 (Ar. 872).
398 Por todos, DE LA VILLA GIL, L. E.: «Impugnación de convenios tras la LPL de
1990», en AA.VV.: Estudios sobre la nueva Ley de Procedimiento Laboral, Madrid
(CGPJ), 1991, p. 787 ó BORRAJO DACRUZ, E.: «Impugnación de convenios colectivos», en
AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Comentarios a las Leyes Laborales,T. XIII, Vol. 2,
Madrid (Edersa), 1990, pp. 1143 y 1151. Contra, por todos, TERRATS PLANELL, J.L.: El
control de legalidad de los convenios..., cit., pp. 247 y ss.
399 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: «La impugnación de convenios colectivos», en AA.VV.:
Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, Madrid (Marcial Pons), 1991,
pp. 257-259.