01 PRINCIPIOS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La protección social en los convenios colectivos extraestatutarios 351
to, tampoco por la hipotética concurrencia entre convenios de distinto
ámbito, sino, y de manera muy importante, por la ruptura definitiva
del contrato individual de trabajo por decisión unilateral del empresario
imponiendo al empleado el abandono de la empresa y, en
consecuencia, el ámbito subjetivo de aplicación del convenio, a cuyo
amparo éste podría hacerse beneficiario de dichas prestaciones.
La doctrina ha considerado plenamente justificada al respecto la
exigencia de una adecuada regulación legal o convencional (a través
de un convenio marco) que, cuando menos, mitigue los gravísimos
efectos que el acto de despido pudiera acarrear sobre los regímenes
complementarios de Seguridad Social creados en normas convencionales,
sobre todo de ámbito empresarial. La solución podría venir
determinada por el establecimiento de la necesaria correspondencia y
comunicabilidad entre los diversos regímenes complementarios del
sistema básico de Seguridad Social, para evitar así la pérdida de los
derechos de los interesados como consecuencia de un cambio de unidad
productiva o incluso de profesión, o por la determinación de la
obligación empresarial de devolver a los interesados las cuotas por
ellos satisfechas para la obtención de unos beneficios que ya no van a
disfrutar, precisamente porque su relación de empleo se ha extinguido,
y, en sentido contrario, determinación de la simple pérdida de tales
beneficios en los casos en que éstos provengan de fuentes de financiación
exclusivamente a cargo del capital.
El ordenamiento jurídico español no se ha decidido por ninguna
de las dos soluciones apuntadas por la doctrina, sino que ha preferido
abandonar a la autonomía colectiva de los contratantes la tarea de
remediar las posibles repercusiones negativas de la movilidad de los
empleados sobre el mantenimiento de sus derechos en curso de adquisición.
La práctica negocial ha manifestado unas preferencias y unas
preocupaciones normalmente muy alejadas de los problemas relativos
a la frustración de los derechos de los trabajadores a la obtención futura
de prestaciones complementarias de Seguridad Social por alteraciones
de su relación de empleo, al punto de que ni uno sólo de los
convenios estudiados establecen previsiones al respecto. No se aprecia
un diferente régimen jurídico de los aseguramientos que prevén la
posible participación del trabajador-beneficiario en el pago de las
primas del seguro, respecto de aquéllos en los cuales la empresa es la
única responsable de su concertación y pago. Quizá la solución podría
venir por la elaboración de una disposición normativa de carácter
general (al margen de las disposiciones concretas existentes en materia
de planes de pensiones) estableciendo, entre otras cuestiones, los