01 PRINCIPIOS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

210 Los convenios colectivos extraestatutarios
porcentaje de los convenios extraestatutarios analizados no establecen
ninguna disposición al respecto. Semejante situación puede encontrar
explicación en tanto en cuanto en la generalidad de los casos se trata
de pactos de naturaleza empresarial, cuyo ámbito territorial no suele
superar la provincia, quedando incluidos dentro de cada uno de sus
ámbitos de aplicación pocos centros de trabajo, con lo cual los
supuestos de movilidad geográfica resultarán ciertamente excepcionales
en dichas circunstancias.
Para aquéllos que sí entran a regular la materia, es menester realizar
una doble diferenciación respecto a las previsiones en ellos contenidas:
1. Supuestos de movilidad geográfica forzosa o realizada al
amparo del Estatuto de los Trabajadores.
2. Posibilidades de alteración del lugar de trabajo extraña a la
regulada en la norma estatutaria.
De esta manera, la movilidad geográfica presenta, en los convenios
extraestatutarios consultados, una doble naturaleza: de un lado, se
configura como una facultad empresarial, a la cual puede recurrir
cuando existan necesidades debidamente acreditadas y justificadas en
aras a mejorar su competitividad en el mercado; de otro, aparece formulada
como un derecho del empleado para que, ejercitando su autonomía
de la voluntad, pueda obtener un traslado ya sea por necesidades
de índole personal ya sea a fin de progresar profesionalmente
participando en procesos de promoción.
1.1. La movilidad derivada del Estatuto de los Trabajadores
El artículo 40 ET faculta al empresario a modificar unilateralmente
y de manera sustancial, al exigirse cambio de residencia o
domicilio del empleado, el lugar de la prestación de servicios del
trabajador sin tener que contar con la aquiescencia expresa de éste,
pero siempre y cuando concurran circunstancias económicas, técnicas,
organizativas o de producción que permitan justificarlo.
En tal supuesto, la orden es forzosa y ejecutiva, sin perjuicio del
derecho del empleado a solicitar la extinción contractual cuando lo
considere conveniente o impugnar la decisión, después de haberla
cumplido, en caso de estar disconforme con ella. En consecuencia, de
intervenir alguna de las causas señaladas, el empresario podría ejercer
libremente la facultad reconocida en el artículo 40 ET, respetando en
todo caso, eso sí, las reglas establecidas en la norma estatutaria.