01 PRINCIPIOS - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

328 Los convenios colectivos extraestatutarios
permiten avalar esta posición, tales como la dicción literal del artículo
2.1.c) LPL, en relación con el apartado b) del mismo artículo, en
los cuales se separa dentro del ámbito de actuación del orden jurisdiccional
social la «materia de Seguridad Social, incluida la protección
por desempleo» y los «sistemas de mejoras de la acción protectora
de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y
contratos de seguro siempre que su causa derive de un contrato de trabajo
o convenio colectivo». Profundizando aún más, algunas posiciones
diferencian dentro de las denominadas mejoras voluntarias
las dos modalidades tipificadas en el TRLGSS, considerando únicamente
como tales las derivadas de recargo en los tipos de cotización y
no las mejoras directas de prestaciones, a la sazón Seguridad Social
complementaria. Pese a ello, se considera acertada la decisión legal de
incluir las llamadas «mejoras directas» dentro del sistema de «mejoras
voluntarias de Seguridad Social», pues si bien dicha opción resulta
técnicamente inadecuada y censurable desde un plano teórico, permite,
en cambio, la consecución de importantes finalidades prácticas
que no es lícito ignorar ni menospreciar, como son —entre otras— la
creación de cauces ágiles y flexibles para que la autonomía colectiva
pueda efectivamente complementar la acción protectora del sistema
básico.
Lo cierto es que, junto al régimen público o legal de Seguridad
Social (función del Estado, asentado sobre principios normativos
propios y diferenciados de los que informan el aseguramiento privado
y que experimenta una pérdida progresiva de relevancia del componente
contributivo en favor de prestaciones suficientes para cubrir
estados de necesidad), se alza un régimen complementario libre y
voluntario, basado en una lógica contractual privada, y cuyas prestaciones
se financian mediante la constitución de fondos asimismo privados
y a cargo exclusivo de sus propios asegurados.
Tal dualidad protectora encuentra acomodo constitucional en el
artículo 41 CE, precepto en el cual, junto a la obligación impuesta a
los poderes públicos de mantener un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, se establece
que «la asistencia y prestaciones complementarias serán libres». Tal
fundamento constitucional 2 se complementa con la OM de 28 de
2 Confirmado por el propio Tribunal Constitucional en doctrina configurada a partir
de la STCo 103/83, de 22 de noviembre, y matizada y ampliada en las posteriores 121/83,
de 15 de diciembre, 65/87, de 21 de mayo, 134/87, de 21 de julio ó 208/88, de 10 de
noviembre.