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tuado se extiende á la sociedad entera, para quien el
acto existe, sin ninguna duda, por estar revestido de
las solemnidades legales. Estos dos puntos deben
distinguirse muy bien para no confundir la prueba
de la convención con los efectos de ella, y tan diferentes
son entre sí que el documento puede ser absolutamente
nulo, y continuar siendo válida la convención
que las partes celebraron, salvo las que cual
la donación ó la hipoteca necesitan como formalidad
esencial la solemnidad de la escritura pública.
Además de la convención que contiene, el msirumenlo
público hace también plena fe de los hechos
efectuados ante el funcionario y que sean relativos
al contrato, por ejemplo: la entrega de la cosa ó
del precio, la devolución de títulos, etc.
El funcionario no puede dar fe de las referencias
de hechos ó circunstancias, que no han sucedido
en su presencia, ó que no le es posible comprobar,
como cuando las partes declaran que han recibido éstos
ó aquéllos valores en épocas anteriores ó que son
mayores de edad, capaces para contratar, que son
legítimos dueños de las cosas que enajenan, etc. Es
admisible la prueba contraria sobre esos puntos, porque
de que no sean ciertos nada se colegirá contra
la autenticidad y verdad del documento público.
Para destruir la fe que este merece se necesita
iclwrlo de falsedad, y probar que el funcionario ha
faltado á la verdad al afirmar que el acto contenido
en la escritura ha pasado en su presencia, que ha
sido leído y firmado por las partes, 6 que se han
hecho entregas de valores ó cosas que realmente no
se han efectuado, etc. Esa tacha envuelve la acusación
de un delito que acarrea pena corporal, y es
por tanto 'muy grave para el funcionario y para los
testigos y las partes, que han concurrido á cometer
la falsedad.
Se ha introducido en este artículo una disposición,
que no es en verdad un principio nuevo,