El Síndrome de Burnout en organizaciones policiales - Biblioteca ...

Capítulo 5. Estudio empírico: Una aproximación secuencial al síndrome de burnout en organizaciones policiales
código de deontología policial; d) la participación de todos los miembros del servicio y
del conjunto de la población en la elaboración de las políticas policiales; e) aceptación de
la obligación de rendir periódicamente cuenta de sus actividades.
La Policía debe ser un servicio profesional. Son criterios necesarios: a) la limitación de la
acción de la Policía a funciones específicas; b) formación especializada del personal; c) la
aceptación de profesionales civiles; d) la creación y puesta en marcha de un plan de
carrera; e) la prioridad acordada a la competencia en la atribución de promociones,
criterio que debe prevalecer sobre la antigüedad en el escalafón; f) la existencia de un
código de ética profesional.
La Policía debe reconocer la necesidad de la planificación, de la coordinación y de la
evaluación de sus actividades, así como de la investigación, y ponerlas en práctica. En
consecuencia, a) la planificación administrativa y operativa de la Policía, la coordinación
y evaluación de sus actividades y la investigación deben ser funciones permanentes del
servicio; b) las principales etapas del proceso de planificación policial deben ser:
identificación de necesidades, análisis e investigación, la determinación de objetivos a
corto, medio y largo plazo, la elaboración de una estrategia para su implantación, la
consulta regular dentro y fuera del servicio y la evaluación periódica de dichos objetivos y
estrategias; c) los objetivos de la Policía deben corresponder a las necesidades de la
comunidad, ser flexibles, realizables y mensurables; d) la Policía debe participar, en una
planificación conjunta, con los demás servicios policiales del país.
Con la Constitución de 1978, en la que España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho (art. 1.1) se hace una distinción clara entre la
profesión militar y policial. Si en el régimen franquista las Fuerzas de Orden Público se
incluían entre las Fuerzas Armadas, la Constitución separa rotundamente Policía y
Ejército, al tiempo que ha delimitado sus funciones: las Fuerzas Armadas han de
garantizar la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el
ordenamiento constitucional (art. 8), la Policía (art. 104) ha de proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la libertad ciudadana.
Tras varios intentos frustrados, la promulgación de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), encauzará el proceso de la
creación del modelo policial, a pesar de lo cual Jar (1998) señala que su finalidad
omnicomprensiva (trataba de desarrollar los mandatos constitucionales de los artículos
104.2, 126, 148.1.22, y 149.1.29) no iba a ser suficiente para conseguir el objetivo
marcado de establecer las bases sobre las que debiera asentarse el modelo policial
español.
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