LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

Con la firma de los acuerdos de paz, El Salvador comenzó un nuevo periodo que particularmente es
importante para el sistema judicial, pues se le comienza a dar mayor importancia a la justicia, los espacios
democráticos permitieron el surgimiento de movimientos de la sociedad civil como El instituto de Derechos
humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), que desde la guerra acumularon mucha experiencia y
práctica sobre las debilidades del sector judicial y constantemente han denunciado la corrupción en dicho
órgano y la retardación de justicia que se manifiesta en la mora judicial de muchos años.
Durante el periodo de posguerra el acceso a la justicia y al debido proceso han sido preocupaciones más no
realidades, se comenzaron a generar reformas constitucionales que acercaron los operadores de justicia a
los usuarios, se generó una etapa de información sobre las nuevas normas y procedimientos para la
obtención de justicia.
Las organizaciones y las universidades son determinantes en este proceso, sin embargo, los problemas del
sistema judicial siguen siendo los mismos por la falta de confianza de los ciudadanos en los funcionarios
públicos especialmente de aquellos encargados del procesamiento y resolución de casos en el sistema judicial
salvadoreño.
Un hecho relevante se registra el 16 de junio del 2009, cuando se eligen los magistrados de la Sala de lo
Constitucional, encargada de los hábeas corpus, es decir, cuando hay una detención ilegal para un
ciudadano; también el amparo que viola derechos constitucionales, a si como los recursos de
inconstitucionalidad.
La elección de estos magistrados modificó el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional, su presidente
argumentó que asumían el compromiso de hacer valer la constitución y el Estado de Derecho, por lo que
haciendo factura del pasado y del presente comenzaron ha operativizar la mora judicial que en el pasado los
magistrados vinculados a la clase política de derecha y empresarial no resolvieron por afectar sus intereses.
Los magistrados encontraron una mora judicial que contenían demandas de inconstitucionalidad, recursos y
Habeas Corpus que al ser estudiados conforme a derecho causarían graves problemas para los que mueven
los hilos del poder a su conveniencia y esto sucedió.
CRONOLOGIA DE RESOLUCIONES DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
El 29 de julio del 2010, la Sala de lo Constitucional declaró ilegales los artículos 211, 215, 216, 218, 239,250,
inciso 10 y 262 inciso 60 del Código Electoral, con lo cual se dio espacio a las candidaturas independientes no
partidarias, y donde los cimientos del poder político se vieron desafiados por primera vez.
En otra resolución se dio el fallo contra el decreto legislativo 167, específicamente contra los artículos 2 y 6,
que contienen la ley de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal, con lo que en gobiernos pasados, se
transfirieron indiscriminadamente fondos de carteras del Estado del gobierno central a una cuenta
manejada indiscretamente por casa presidencial y que al Presidente Funes le afecto por las deudas
adquiridas con un empresario que le financió la campaña electoral del 2009 con más de dos millones de
dólares.
El 29 de abril de 2011, la Sala declara inconstitucional el artículo 1 del decreto 5086, con el cual los partidos
Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) revivieron a la vida política después
de desaparecer producto de no haber alcanzado el 3% de los votos validos a nivel nacional como lo
establece el Código Electoral.
Junto a esta resolución se dio también la invalidación de la elección por parte de la Asamblea Legislativa de
dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral pertenecientes a ambos partidos desaparecidos en el 2004.
Muchas de estas sentencias rompen la tendencia de la cúpula de la justicia salvadoreña que durante la
historia han estado al servicio de partidos políticos y grupos económicos poderosos. Mientras la totalidad
de las organizaciones de la sociedad civil, observadores políticos y legales de todo tipo han visto con
beneplácito las resoluciones y las ven como una muestra de independencia tan novedosa como necesaria en
el país.
Es importante mencionar que en momentos donde la justicia española dictó orden de captura contra 20
militares acusados de asesinar a seis sacerdotes jesuitas en la UCA, se produce un golpe de Estado técnico
contra el Órgano judicial por parte de la derecha legislativa con el respaldo del presidente Funes y que
refleja la clara violación a la independencia de poderes en el país y un flagrante violación al estado de
derecho.
Una posible extradición de estos militares a España debe pasar por el pleno de la corte y es lo que ha
provocado que en el congreso aprueben una Ley transitoria que regula la Ley Orgánica Judicial.