LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

digan ¿yo que voy a hacer? Ellos no me van a regresar a mis seres queridos. La mera verdad, lo único que
espero es que Dios haga justicia por todas las víctimas inocentes de esta guerra que están derramando su
sangre".
Anastasia se pregunta cuántas víctimas inocentes han muerto en esta guerra y la mayoría no obtiene justicia
ni reparación: ¿Qué hacen con el dinero del presupuesto de apoyo a las víctimas? Sabrá Dios. ¿Justicia? Yo no
creo que vaya a haber justicia. En la justicia del hombre ya no creo, ya no creo en las autoridades. El único
que va a hacer justicia es Dios. Que Dios tenga misericordia de los asesinos, no sé si tienen corazón para
hacer algo así. Acaso ellos no tienen hijos, esposas... me pasan muchas cosas por la mente. Igual que yo,
¿cuántas familias no están viviendo lo mismo?”
Su cuñada, Rosa Martín Domingo, tiene 21 años. Llevaba casada dos años con su hermano David. Tiene
sentado en el regazo a David Ariel, de 9 meses, que pide leche. Mientras lo amamanta sin levantar la mirada
dice: "Sólo me dieron una bolsa de pañales y dos botes de leche en polvo".
Una infinita tristeza se refleja en sus ojos. La incertidumbre del futuro no le deja dormir. Trae en la mano la
credencial del trabajo de su esposo que el bebé toma para jugar. Laboraba como albañil en OMA, Grupo
Aeroportario Centro Norte, pero a través de un contratista: "Su patrón me dio nomás dos semanas: 2 mil 200
pesos. No tenía seguro ni prestaciones".
Galileo Hernández, presidente de Asociación de Justicia Étnica AC, ha acompañado a los familiares de las
víctimas otomíes y está de pie junto a Anastasia, que se dice lista para ir a reclamar por enésima vez la
camioneta de su esposo: "El DIF prometió hacer el traspaso del vehículo a la esposa, algo que no se ha
concretado. Les hemos dado atención legal, pero no nos han permitido acceso al expediente".
Lo más lamentable, dice, es que existiendo supuestamente un fondo de ayuda a las víctimas de violencia de
la guerra contra el narco, no sea aplicado en la realidad: "No hay una dependencia que otorgue la ayuda. El
DIF lo hace a través de despensas raquíticas, pero ni siquiera hay seguimiento. Se destina mucho dinero a las
cuestiones de seguridad. ¿Y a las miles de víctimas inocentes quién las ayuda?"
Derecha salvadoreña con apoyo de presidente Funes realiza peligrosa maniobra
El panorama político salvadoreño ha sido estremecido por la aprobación el pasado jueves 2 de junio por los
partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en la Asamblea legislativa, de un decreto que
posteriormente fue sancionado el mismo día por el presidente Funes, que establece el consenso, como la
forma de tomar decisiones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es uno de los principales
logros alcanzados a partir del proceso abierto con la derrota de la derecha el 15 de marzo de 2009 y la
llegada al gobierno de Funes y del FMLN. Y las sentencias de esta sala siempre han sido por mayoría de
votos. Y las ultimas sentencias han golpeado fuertemente el sistema de impunidad construido por la derecha,
incluso han decretado la cancelación de dos de los partidos (PCN y PDC) que hoy aparecen disfrutando “la
miel de la venganza.”
El establecer el consenso obedece a que uno de sus cinco miembros es una persona identificada
históricamente con la derecha y por supuesto se encargará de garantizar que el consenso no sea alcanzado
y bloqueara así las decisiones sobre temas neurálgicos aun pendientes como la dolarización, el TLC, etc. Lo
que se pretende es evitar que se siga emitiendo sentencias.
Que fue lo que obligó al presidente Funes a sancionar este cuestionado decreto es todavía un misterio. Lo
que si esta claro es que por esta acción el presidente Funes va a sufrir un fuerte desgaste político, en la
medida que la ciudadanía indignada le pase la factura. Y todo parece indicar que esta vez habrá factura. El
presidente ha perdido legitimidad y le será difícil recuperarla.
Esta decisión política más no jurídica del presidente Funes, es la señal más significativa de su acercamiento a
sectores de derecha. Constituye a la vez una peligrosa maniobra que vulnera la estabilidad institucional del
país así como marca un retroceso del proceso iniciado de rescate de la institucionalidad jurídica.