LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

constituyeron "movimientos" o "ramas políticas" con los recursos rapiñados, el hombre se dedicó a comprar
mansiones, aviones o intensificar sus visitas al Casino de Puerto Madero.
En el obrador de Los Piletones, donde comenzó el emporio de los "sueños compartidos", se reportaron
denuncias por el régimen de trabajo vigente en las obras, las que salieron a la luz con la muerte de un
trabajador. Por otra parte, no es un secreto que Schocklender manipulaba la adjudicación de las viviendas en
favor de los elementos más descompuestos de las vecinales villeras, de modo de reforzar su poder a costa de
los delegados combativos o de los que rehuían el contacto con el narcotráfico o los punteros del Estado.
Cuando todos saludaban la mística "constructora" de las Madres, nosotros denunciabamos a Schoklender.
Sus secuaces de los Piletones, con Prensa Obrera en la mano, amenazaban con el despido al trabajador que
"trajera esto (nuestro periódico) al obrador".
Corporación del Sur
Aunque Macri aprovecha la volada para "condenar" a Schocklender, el gobierno PRO y sus predecesores han
sido cómplices claros del negociado que acaba de estallar. Las obras de las Madres en la Capital se ejecutan
a través de un convenio con la Corporación Buenos Aires Sur, en terrenos que le pertenecen a ésta. Entre la
Corporación, que es "autónoma" del Estado porteño, y la Fundación Madres, que recibía fondos por
adjudicación directa, se construyó una gigantesca caja paralela en nombre de la "acción social". El gobierno
de Macri transfirió la tarea de "atención a las villas" del Instituto de Vivienda a la Corporación, no para
avanzar en la urbanización de las villas sino para contener su expansión, realizando obras menores que
sirvieran para separar las tierras villeras de aquellas que se encuentran ociosas y están reservadas a futuras
operaciones inmobiliarias. Las quinientas viviendas construidas en Los Piletones -que no cubren las
necesidades ni del 20% de sus habitantes- tienen ese propósito. La Fundación Madres y Schocklender fueron
un brazo más del Estado contra la población sin techo. Por eso, Schocklender en persona denunció a los
ocupantes del Parque Indoamericano en diciembre pasado, en vez de reclamar viviendas para ellos. En aquel
viernes fatídico de diciembre pasado, cuando las bandas de punteros y barrabravas intentaron someter a los
ocupantes a una noche de San Bartolomé, los secuaces de Schocklender se sumaron a la partida con sus
propias armas. Como Pedraza, estos otros tercerizadores, los de la vivienda popular, pusieron en marcha a
sus Favale para defender sus negocios.
Liquidación de la vivienda popular
Por sobre todas las cosas, los Kirchner y Macri se sirvieron del pañuelo de las Madres y sus viviendas a
cuentagotas para encubrir la liquidación de cualquier perspectiva de vivienda popular. Según los
propagandistas del kirchnerismo, el modelo productivo ha construido unas 30.000 viviendas por año, en un
país donde todos los años se agregan 120.000 familias a un déficit habitacional que asciende a los dos
millones de unidades. En la Ciudad, las obras de Schocklender representan ¡la mitad! de todo lo construido
en los últimos años. La tercerización de la política habitacional a manos de una banda que conchabó la
marca de las Madres ha sido la pantalla de una política que entregó el espacio de las grandes ciudades a la
especulación inmobiliaria, al tiempo que expulsaba a los trabajadores a los suburbios. En la Ciudad, esta
operación ha sido cogestionada entre los Kirchner y Macri. No hemos escuchado ni a Solanas ni a sus
diputados denunciarla. La crisis de Schocklender plantea una auditoría integral de las operaciones del IVC y
de la Corporación del Sur a manos de las organizaciones obreras y vecinales del sudoeste porteño, realmente
comprometidas en la lucha por el techo; el juicio político a los funcionarios nacionales que, de Kirchner a
Kirchner y de Telerman a Macri, han sido cómplices de ello; así como la expulsión de los punteros de
Schocklender en la adjudicación de las viviendas. Las tierras y los recursos de la Corporación del Sur deben
ser dispuestos a favor de una urbanización de carácter social, gestionada y controlada democráticamente
por los que viven de su trabajo.
La Corte se queda con la palabra final