LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

ancarios, con nombres y números de cuenta de los delincuentes. Pero ninguna denuncia ha derivado
siquiera en averiguación.
Documentan casos
En abril pasado, el viceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, presentó un informe en el
que señalaba que 250 compatriotas suyos habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. El
documento hacía referencia a la desaparición de otros 81 salvadoreños y puntualizaba que de los 72
cadáveres descubiertos en una finca de San Fernando, Tamaulipas, 14 eran migrantes de ese país.
En el gran entramado criminal que afecta a los indocumentados que atraviesan por México, las autoridades
están de alguna manera implicadas, dice Nelson Cuéllar, cónsul de El Salvador en Tapachula. Por desgracia,
expresa, la falta de pruebas judiciales vuelve imposible sancionarlos.
“Cuando entrevistamos a las personas que han sufrido este tipo de vejaciones les pedimos que denuncien.
Pero, lamentablemente, en nuestro país no hay la cultura de la denuncia y también ellos no quieren
permanecer allí más tiempo, por miedo o porque quieren continuar con su viaje”, cuenta.
La corrupción en los cuerpos federales de seguridad es absoluta, de acuerdo con Mauricio Mendoza
Castañeda, consejero de Derechos Humanos y de Migrantes del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en
Chiapas. Como ejemplo cita el “rescate” de 502 indocumentados efectuado por agentes estatales en un
punto de revisión que opera en Chiapa de Corzo, la media noche del lunes 16 de mayo.
Los dos tráileres en los que viajaban los indocumentados pasaron por tres puntos de revisión federales antes
de ser detectados, dice Mauricio Mendoza Castañeda. “Ellos dejan pasar camiones completos con personas y
las autoridades estatales son las que se dan a la tarea de rescatar a estos pobres hermanos, que van
hacinados ya hasta en números de 500”.
Las quejas por extorsión y abuso de autoridad en contra de agentes del INM aumentaron este año, señala el
consejero. Según las quejas que recibe, los agentes exigen dinero a los centroamericanos para dejarlos
continuar con su travesía. “Esto era un secreto a voces, se sabía desde hace años, pero hasta ahora que se
crea una Comisión de Atención al Migrante es que empezamos a documentarlos”.
Junto con la CNDH han abierto 70 expedientes con denuncias de extorsión presumiblemente cometidas por
los elementos del INM. “Son solamente los casos que se atreven a denunciar, porque el migrante todavía
tiene miedo a hacerlo. Y lo entendemos, porque antes venían, denunciaban y a la vuelta de la esquina los
estaban esperando para deportarlos o seguirlos extorsionando”, dice Mendoza.
El traslado de migrantes en esos volúmenes de 500 o más es una actividad que los agentes del INM han
hecho durante años, acusa el funcionario del CEDH. Eso ocurre por la corrupción. “Encontramos un discurso
del secretario Blake lleno de muy buenas intenciones”, ironiza Mendoza. “Pero que nos explique por ejemplo
por qué la policía de migración es la única corporación a nivel nacional que no hace exámenes de control de
confianza”.
En una entidad por donde se cuela 80% de indocumentados que llegan al país, esa falta de control referida
por el consejero Mendoza es inaceptable, dice Fermina Rodríguez, directora del Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula.
“Detener a un agente que comete un delito no va más allá del señalamiento, así sea formal. Habría qué ver
qué ha permitido que ese agente abuse del poder que se le da. Hay una serie de prácticas institucionales, que
provoca ese mal uso del poder. Y habría que pensar, por lo tanto, que la institución tiene serios problemas
estructurales”, explica Fermina Rodríguez.