LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

La Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan “a la extracción
directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras” para obtener ADN, pero sólo con un grupo
restringido de familias de desaparecidos.
Por Irina Hauser
La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de
la dueña de Clarín, se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de
sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas” que les pertenezcan de “manera indubitable” para
poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de
Plaza de Mayo y movió un casillero una causa judicial que ya lleva diez años de indefinición. Sin embargo,
simultáneamente, fijó un límite y sólo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el
ADN de las familias de personas “detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976, en el
caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La obtención del material genético no
será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte
Suprema, que tendrá la palabra final sobre la discusión de fondo.
“Es una de cal y otra de arena, es querer quedar bien con Dios y con el diablo”, resumió la presidenta de
Abuelas, Estela Carlotto, su primera impresión de la resolución que firmaron Guillermo Yacobucci, Luis García
y Raúl Madueño. Aun así la evaluó como “un paso importante” porque determina que “sí o sí la extracción de
sangre o de elementos que contengan ADN debe proceder”. “Lo que nos cayó mal”, acotó, es “la limitación”
temporal que permitirá que la comparación se haga sólo con un grupo de familias. “Seguimos con la historia
de que acá hay de primera y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos siempre se han comparado con el
Banco (de Datos Genéticos) completo y en éste no?”, se preguntó.
En diciembre último la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa en la que se investiga la identidad
de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dispuso que se les haga una extracción de sangre, pelos
o saliva que fuera voluntaria o se transformara en compulsiva si ponían reparos. Los jóvenes apelaron ante
Casación, segundo tribunal del país, después de que la Cámara de San Martín avalara a la jueza.
La magistrada había dispuesto el análisis forzoso como consecuencia de una sucesión de irregularidades que
impidieron que se obtuviera un perfil genético “indubitable” de Marcela y Felipe. En mayo de 2010 había
mandado a secuestrarles prendas de vestir en un allanamiento en el que la policía los dejó solos durante
unos veinte minutos, lo que generó fuertes dudas sobre la ropa incautada que, de hecho, tenía impregnado
ADN de varias personas de distinto sexo. Algo similar ocurrió en un procedimiento en 2009, ordenado por el
juez Conrado Bergesio, quien además admitió una muestra de sangre y saliva que los jóvenes entregaron por
su cuenta en el Cuerpo Médico Forense y con la condición de que sólo se compararan con dos familias
querellantes, ya que desconocen el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que interviene por ley. El
problema no sólo fue el mecanismo que usaron, sino que Bergesio no tomó recaudos para la conservación de
las muestras.
La lectura del fallo fue televisada y la hizo Yacobucci, quien preside la Sala II de Casación. En pocos minutos
punteó las dos disposiciones claves: la que respalda la orden de Arroyo Salgado para obtener “con o sin
consentimiento” muestras de sangre u otros tejidos, basándose entre otras cosas en que la ley vigente
(conocida como ley de ADN) otorga suficientes garantías “de protección”, y la que establece que los datos
genéticos obtenidos sólo se podrán comparar con los aportados al BNDG “por parientes de personas
detenidas o desaparecidas –con certeza (sic)– hasta el 13 de mayo de 1976” en el caso de Marcela, y hasta el
7 de julio de 1976 en el caso de Felipe. Las fechas elegidas son aquellas en que se dispuso –en teoría– la
entrega judicial en guarda de los niños a la dueña de Clarín. Una se corresponde con el acta del día en que
Herrera de Noble se supone que se presentó en el juzgado diciendo que había encontrado a la beba en una
cajita. La otra coincide con el acta de la aparición de una mujer, Carmen Luisa Delta, que manifestaba su
voluntad de dar un bebé en adopción, aunque el ex juez Roberto Marquevich constató que nunca existió una
persona con ese nombre y que el número de documento consignado era de un varón. Según los datos de
Abuelas, las familias comprendidas en el período definido por los camaristas son unas veinticuatro.