LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

consentimiento de su anterior dueño (el empresario quebrado). Este procedimiento sólo era alcanzable en
casos excepcionales. En la mayoría de las demandas laborales colectivas por quiebra, la situación quedaba
indefinida en la Justicia.
Para favorecer la continuidad de la explotación de las empresas en manos de sus trabajadores organizados
en cooperativas, el proyecto les otorga la prioridad de adquisición de la empresa en quiebra con sus créditos
laborales, los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de
Contrato de Trabajo. Por el proyecto votado se garantiza el acceso a la información de los trabajadores en
todo el proceso, aun en el concurso preventivo.
El proyecto de ley correctiva fue propuesto por la senadora Liliana Negre de Alonso, titular de la Comisión de
Legislación General. Este proyecto, aprobado por 50 votos afirmativos, “evita confundir la venta de una
empresa en quiebra con la venta de una empresa en salvataje”, según destacó la puntana. Además, con este
proyecto se propone que las cooperativas puedan tener trabajadores en relación de dependencia y no
solamente “socios”, tal cual lo establece el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.
Desde las organizaciones de trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, reclamaron “un debate a
fondo” sobre el punto, ya que consideran que “el proyecto de la diputada Negre crea dos categorías,
trabajadores de primera y de segunda en las cooperativas, en vez de proponer una nueva ley de cooperativas
de trabajo, que regule estas entidades para evitar el fraude laboral”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el kirchnerista Eric Calcagno, dijo que
“estas modificaciones están a la vanguardia de la preservación del empleo. Cuando antes se pensaba que lo
único que podía hacerse con las empresas quebradas era desguazarlas, acá hay una verdadera revolución
cultural”.
“Es importante recuperar las empresas en crisis a través de la continuidad por parte de sus propios
trabajadores”, indicó. “Según datos del programa de Trabajo Autogestionado, dependiente del Ministerio de
Trabajo, los trabajadores involucrados en esta situación son aproximadamente 15.000, en un total de 280
empresas recuperadas”, señaló Calcagno. “La iniciativa propone impulsar la continuidad de las empresas en
situaciones de crisis e impedir la destrucción de industrias en condiciones de ser recuperadas, para lo cual se
les brinda esa posibilidad a los trabajadores, idóneos por su experiencia, conocimiento y capacidad”, destacó
el senador por la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo, el radical Alfredo Martínez, dijo que con esta
legislación “podríamos comenzar a dar respuesta a un grupo de jueces que muchas veces planteaban que no
tenían las herramientas para contener a los trabajadores”.
Una norma a tiempo para evitar sanciones
Se aprobó con 61 votos a favor y dos en contra. Se crea un capítulo dentro del Código Penal donde se
establece que las actividades de lavado de activos configuran un crimen autónomo. Así se evitan penalidades
del GAFI.
Por Sebastián Premici
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero.
Fue por 61 votos afirmativos contra dos negativos, por parte de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez
Saá (San Luis) y Roberto Basualdo (San Juan). Luego de esta votación, se aprobó un proyecto “correctivo”,
que pasó a la Cámara de Diputados. La sanción de la nueva ley crea un capítulo dentro del Código Penal,
bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”, el cual establece que las actividades de
lavado de activos configuran un crimen autónomo. Esta fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y
reclamada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración de las sesiones