LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

Actualmente, los seis guardan prisión en la cárcel de Metapán, destinada para ex policías y soldados, y serán
juzgados por un tribunal militar. El general Munguía Payés confirmó que esta es la primera vez en treinta
años en que se reactiva un tribunal militar, lo que significa que el caso será ventilado únicamente al interior
del ejército y que será conducido por un juez militar de instrucción. En el juicio únicamente participarán el
juez, los imputados con sus defensores y el propio ministro de la Defensa, por ser la persona que ordenó el
procedimiento.
“A nosotros no se nos van a ir, y nosotros sí les vamos a aplicar una justicia… justa”, dijo el ministro para
explicar por qué serán juzgados en un tribunal militar y no en uno civil. Además, dijo el ministro, en la justicia
militar las sanciones son más severas. “Para que se hagan una idea, sólo en el código militar está vigente la
pena de muerte”, ejemplificó.
El Código de Justicia Militar data de 1964 y en él se establece que su aplicación estará sujeta sólo a
miembros activos del ejército que hayan cometido faltas “puramente militares”. El artículo 147 señala que se
considerará robo militar la sustracción de armamento castrense y la pena que se le aplicará será la que
señala la ley común para el delito de robo, que tiene un máximo de ocho años, pero el siguiente artículo
menciona como agravantes el hecho de que este robo haya sido cometido estando de servicio y que haya
ocurrido dentro de instalaciones militares. El castigo para los agravantes es la mitad de años de pena que
señale el código penal civil.
El ministro se negó a ofrecer más datos sobre la forma de operar de los capturados o los vínculos que estos
podrían tener con organizaciones delictivas dentro y fuera del país. También declinó detallar si esta era la
primera vez que robaban armamento valiéndose de su estrategia.
Corte Suprema destituye a dos de los 75 jueces investigados por corrupción
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen más de 700 denuncias contra jueces de todo el país.
El estudio empezó por lo que consideran los 75 casos más graves. El primer debate fue este jueves 26 de
mayo pasado, cuando Corte Plena decidió destituir a dos juezas.
Sergio Arauz
elfaro.net / Publicado el 27 de Mayo de 2011
Parece el primer paso de la depuración judicial. La Corte Suprema de Justicia ordenó la destitución de dos
juezas: Dora Margarita Gómez Rodríguez, Jueza primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena
de San Salvador, y Gloria Marina Cabrera, jueza de Paz de Corinto, Morazán.
Dora Margarita Gómez fue destituida por “ineptitud e ineficiencia”según la nota de Corte Plena a la que tuvo
acceso este periódico. Esta jueza tenía más de 20 denuncias y similar número de expedientes de
investigación abiertos. Uno de los casos más polémicos fue ordenar la libertad de Sabino López Preza,
condenado por dirigir una famosa banda de secuestradores conocida como "La Banda de Sabino".
La jueza Gómez también fue investigada por conceder libertad condicional a José Agapito Ruano Torres,
vinculado a la banda de Los Guaza, que operaba en la zona de Guazapa, y que fue condenado a 15 años de
prisión por el secuestro de un empresario de buses en agosto de 2000.
Sin embargo, el caso por el que fue destituida es una denuncia de la Dirección de Centros Penales, que acusó
de retardar la salida de un salvadoreño que pasó prisionero 83 días más de la pena impuesta.
La otra jueza, Gloria Marina Cabrera, de Corinto, Morazán, fue denunciada por quedarse con dinero del
Estado. Los magistrados lograron comprobar “irregularidades en el desempeño de su cargo” y la
encontraron también responsable de “no realizar las diligencias judiciales que como funcionaria estaba
obligada a cumplir.