LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

Creada desde la década de 1990, esta figura habría de servir al actual gobierno federal para poner en
marcha su programa carretero, que se anunció como el proyecto más ambicioso del gobierno de Calderón
Hinojosa.
A menos de dos años de que concluya el sexenio, apenas se ha ejercido una tercera parte de los recursos
destinados a dicha encomienda, critica el diputado.
Aunque la figura del fideicomiso ha sido socorrida por los gobiernos federales desde hace muchos años, Di
Costanzo Armenta considera que los gobiernos panistas –en los que se han creado 227 fideicomisos que se
mantienen vigentes– “utilizan este mecanismo como una herramienta para compensar sus ineficiencias”.
Además, recuerda que una modificación a la Ley General de Deuda Pública Federal, hecha en 1995, fortaleció
el uso de los fideicomisos al incluir la figura de deuda contingente. Ésta, explica el diputado, es un tipo de
deuda que no pasa por el Congreso; “entonces eso ayuda a que más se eche mano de esta figura” en la
actualidad.
Fideicomisos, un riesgo para el erario
El diputado petista señala que el fideicomiso es una figura jurídica permitida en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, pero que al no estar regulado y ser un mecanismo financiero flexible y
amparado por el secreto fiduciario, es proclive a ser aprovechado para manejar discrecionalmente recursos
públicos.
En opinión de la doctora Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM y experta en temas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, los gobiernos recurren a los
fideicomisos porque son mecanismos útiles para evadir la fiscalización del dinero que administran, aun
cuando éste provenga del erario.
El riesgo, advierte, es el uso discrecional y desvío de recursos que pueden cometer quienes se encargan de
manejar dichos instrumentos, con el consecuente daño patrimonial a las arcas públicas.
Otro peligro es que en el caso de los fideicomisos de deuda –como el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de
Autopistas Concesionadas–, ésta no se contabiliza, de modo que se desconoce el nivel de deuda real que
tiene el país, observa Di Costanzo Armenta.
Menciona también que dada la nula fiscalización que existe, tampoco se puede saber si los recursos
disponibles de un fideicomiso se reintegran a la Tesorería de la Federación cuando éstos se extinguen.
Suspicaz, el legislador considera que incluso hay riesgo de que a través de un fideicomiso se cree un
presupuesto “paralelo” al presupuesto público. Explica que el presupuesto oficial podría contemplar sólo los
gastos jurídicamente definidos mientras el fideicomiso se consolida como un presupuesto “alternativo,
absolutamente discrecional”.
¿Nuevo mecanismo?
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Aunque Di Costanzo Armenta defiende al fideicomiso como un “buen instrumento financiero para ejercer el
gasto”, acepta que “sería conveniente” cambiar dicha figura en la administración pública por una más
transparente.
Otra vía para reducir la opacidad de esta figura es regular su creación y vigilarla, arguye. En el pasado
periodo ordinario, el petista presentó sendas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en este sentido.
Las modificaciones proponen que el Ejecutivo federal incluya en el presupuesto de egresos anual el número
de fideicomisos que se propone crear, que su aprobación sea definida por los diputados y que un
representante de la ASF forme parte de los comités técnicos de los fideicomisos.
Sin embargo, la propuesta del petista se limita a los fideicomisos operados por el Ejecutivo federal. Dada la
autonomía presupuestal de la que goza el Poder Judicial, así como los estados, ninguno de ellos podría
fiscalizarse aun con dichos cambios a la ley.
En el caso de los fideicomisos del Poder Legislativo, Di Costanzo Armenta considera que éstos también
deberían fiscalizarse, porque “el buen juez por su casa empieza”. Sin embargo, tras 69 meses de trabajo en la
construcción de un nuevo edificio para el Senado de la República, sigue sin conocerse el destino de los
recursos que integran el fideicomiso de inversión y administración para apoyar la construcción y
equipamiento de la nueva sede de la Cámara de Senadores.
Para la investigadora Sandoval Ballesteros, los fideicomisos sí podrían sustituirse. Ejemplifica que en otros
países de América Latina, como Chile y Colombia, se ha recurrido a mecanismos más transparentes.