LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su
continuidad. Con lo cual a los desplazados sólo se les devolverán formalmente sus tierras y se tendrán que
contentar con vender o ser obreros asalariados en sus propias tierras. Tampoco habrá restitución de otros
bienes patrimoniales ni se tiene en consideración el tema del despojo intraurbano tan común en la última
década.
5. La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y
las garantías de investigación, juzgamiento y sanción de este delito. Ni en la Cámara de Representantes ni en
el Senado se quisieron escuchar y debatir las propuestas de las organizaciones de familiares al respecto.
Muchos otros puntos deben ser materia de debate. Queda pues mucho camino por recorrer y mucha lucha
por dar. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de las víctimas y las organizaciones sociales, que
hagan posible un total reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Es
necesario definir cómo enfrentar lo aprobado por el Congreso, cómo debe ser la forma de participación y la
veeduría que se haga a la implementación de esta ley.
En todo caso el reto más grande es la lucha para hacer que estos crímenes nunca más se repitan.
(1) http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=1
De 4 a 8 años de prisión por obstaculizar las vías
El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana pretende criminalizar la protesta social
prensauniversidad.blogspot.com
El texto, que se encuentra en último debate en el congreso, dice literalmente en el artículo 353 A lo siguiente:
“El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la
infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de
cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En el proyecto de ley seguridad ciudadana presentado por el ministro del interior Germán Vargas hace 7
meses, se pretende criminalizar la protesta social en un país en donde hay más de una movilización diaria en
promedio.
El proyecto que supuestamente busca combatir el crimen, que se encuentra en niveles altísimos,
principalmente por cuenta del desempleo y el desplazamiento forzado, pretende, en últimas, profundizar el
modelo represivo surgido en la llamada “seguridad democrática” y que hoy se expresa en el gobierno de
Juan Manuel Santos, por ejemplo, con violentas agresiones por parte del ESMAD a las manifestaciones
estudiantiles como se ha vivido continuamente en la Universidad de Antioquia y en las marchas en Bogotá en
contra de la reforma a la educación superior colombiana; dejando decenas de heridos con granadas
aturdidores y explosivos que arrojan a los manifestantes y que dejó una niña de tres años muerta hace pocas
semanas en una protesta campesina en el departamento de Nariño. (Ver
http://prensauniversidad.blogspot.com/2011/05/muere-una-nina-menor-de-3-anos-debido.html)
El texto, que se encuentra en último debate en el congreso, dice literalmente en el artículo 353 A lo siguiente:
“El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la
infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de
cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Con ese pequeño párrafo, con la excusa de combatir la delincuencia, se va a castigar severamente cualquier
tipo de marcha o protesta en uno de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo y donde a
diario se expresan inconformidades de todo tipo contra el gobierno.