LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

tendremos que recurrir a la justicia internacional. Por un lado (llevar ante la justicia) a los autores materiales
como tal, pero también a los autores intelectuales que desde las altas cúpulas del estado que dirigieron la
economía y que solamente mediante el terror pudieron implantar el neoliberalismo, la "apertura" económica
en Colombia. Porque creemos que no solo los autores materiales son responsables, también son
responsables desde las altas esferas, desde los gremios de la producción, desde los grandes gremios
económicos, los terratenientes, ellos deben responder por los crímenes que se han cometido en Colombia que
son incontables. Son tantos los crímenes que los crímenes que se han cometido en las dictaduras del Cono sur
del continente bajo las dictaduras militares, son apenas una muestra al lado de lo que sólo en Colombia ha
ocurrido en los últimos 25-30 años."
· Cinco puntos de MOVICE y Corporación Jurídica Libertad, que denuncian la Ley de Víctimas:
1. Esta es una ley inconsulta, debatida y aprobada de espaldas a las víctimas. Desde su inicio el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propuso la realización de audiencias públicas donde se
discutiera los puntos más controversiales y se tuvieran en cuenta las propuestas que salieran de estos
espacios. Sin embargo la propuesta fue rechazada sin ninguna justificación. Pero, lo más grave es que no se
realizó consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como lo exige el Convenio 169 de la
OIT y lo ha reafirmado en diferentes sentencias la Corte Constitucional. Para subsanar dicho error la ley le
otorga facultades especiales al Presidente de la República para que expida un decreto donde se concrete con
dichas comunidades su derecho a la reparación. Sin embargo, el tema no es así de simple. La consulta es un
derecho fundamental que no se puede desconocer, es irrenunciable y la Corte ha sido radical en su
reconocimiento. Además muchas organizaciones étnicas han anunciado su disposición de demandar el texto
aprobado por inconstitucional.
2. El universo de víctimas es restrictivo y viola el derecho a la igualdad. El senador Cristo ha afirmado que la
ley reconoce a todas las víctimas y que la fecha del 1° de enero de 1985 es sólo para el tema de reparación.
Este argumento resulta realmente un contrasentido porque deja sin derechos a más de diez mil víctimas que
en la década de los años setenta y principios de los ochenta sufrieron toda clase de agresiones, graves
violaciones a sus derechos y crímenes de lesa humanidad. Situación que se agrava al dejar por fuera a las
miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente
llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que
sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que
probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este
fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía
administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común.
3. El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se
evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes. Además por esta vía el Gobierno
podrá convertir en medidas reparatorias las obligaciones sociales que por ley y constitución le competen. La
gran mayoría de las víctimas provienen del sector social más empobrecido y excluido, situación que va a ser
aprovechada para promover los “bonos” en salud y educación que las dejarán sin derechos.
4. Uno de los principales problemas es el tema de la restitución de tierras que será sólo reconocido a víctimas
desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años
anteriores. El gobierno –y los parlamentarios uribistas, fieles a su líder- han argumentado que se deben
respetar las leyes que protegen a los poseedores, pero se abstienen de recordar que éstos por lo general han
sido ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, empresarios y paramilitares que se hicieron a la tierra
mediante métodos de barbarie y terror, que además se aprovecharon de que la mayoría de los campesinos
carecen de títulos de propiedad.
La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y
agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho
de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos