LECTURAS DE PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2011 - Insumisos

“Nuestro objetivo es consolidar Tierra del Fuego como polo tecnológico y profundizar la agregación de valor
de nuestra industria”, indicó la titular de la cartera industrial, Débora Giorgi, a Página/12. Un punto central
para la evaluación del régimen es el nivel de integración local. En Industria aseguran que sólo el 30 por
ciento del valor del producto al salir de la fábrica es importado. Analistas privados consultados consideran
que ese valor es bastante mayor, y que buena parte de los costos nacionales imputados son sólo márgenes
de comercialización.
Las plantas fueguinas reciben los insumos electrónicos en su gran mayoría importados desde Asia, las
máquinas los ensamblan, se realiza el chequeo de funcionamiento, se empaqueta el producto junto con el
manual de instrucciones y se envía al continente. Cada proyecto de inversión debe conseguir la aprobación
del Ministerio de Industria, que también diseña junto a las empresas la secuencia del proceso productivo de
cada producto. El Gobierno usa esas herramientas para presionar a las firmas para que utilicen proveedores
nacionales.
Sin embargo, hay diversos inconvenientes que complican la posibilidad de integrar más partes nacionales. No
está desarrollada una industria proveedora en la isla, de manera que los insumos deben ser adquiridos al
continente, lo que implica importantes costos de traslado. A su vez, las empresas, para otorgar las garantías
y las licencias de fabricación, impiden que se sustituyan piezas importadas, aunque tengan capacidad de
reemplazo por la industria local. Una experiencia exitosa es la fabricación nacional de memorias RAM y de
componentes plásticos, como las carcazas de ciertos productos. En cuanto a los componentes de mayor
contenido tecnológico, como los microchips, su fabricación competitiva se hace en escalas enormes, porque
requieren altos costos de investigación y desarrollo y tienen un período de recambio relativamente corto.
Algunos analistas críticos del régimen indican que la mejor política industrial es aquella que, si finalizara la
promoción estatal, la actividad junto con otras ramas conexas estimuladas a partir de la industria “madre”
lograría permanecer y competir sin apoyo público. En cambio, en el caso de Tierra del Fuego, las fábricas
electrónicas no resistirían la eliminación de la desgravación impositiva, lo que sumado a su escasa tracción
hacia el resto del entramado industrial, definiría el caso de una industria “de enclave”.
El Rey de la Soja está flojo de papeles
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, declaró lesivo a los intereses del Estado el contrato por no
haber cumplido con las inversiones y el cuidado ambiental. El fiscal general del Estado deberá pedir ahora su
rescisión.
Por Sebastián Premici
@El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, declaró lesivo a los intereses del Estado el contrato que le
permitió al empresario sojero Alfredo Olmedo explotar 230.000 hectáreas en esa provincia. El fiscal general
del Estado deberá pedir ahora su rescisión. La cesión de tierras fue otorgada por el ex gobernador y actual
senador nacional, Juan Carlos Romero, por la cual el empresario pudo hacerse de esas hectáreas en el
departamento de Anta, cedidas con el beneficio de no tener que pagar ningún tipo de impuesto hasta 2021.
Recién el año pasado, la Legislatura de la provincia sancionó una ley para obligar al empresario a pagar un
canon del 10 por ciento de su producción. A pesar de que el proyecto presentado por la familia Olmedo
incluía un riguroso plan de inversiones y cuidado ambiental, nada de eso se cumplió, según determinó la
Auditoría General de la Provincia.
La denuncia del gobernador salteño llegó luego de una investigación realizada por la Auditoría, que fue
publicada por este diario el pasado 14 de febrero, y la puesta en funcionamiento de una comisión especial de
la Cámara de Diputados provincial. A través del decreto 2478, Urtubey dispuso que se declarara “lesivo a los
intereses del Estado provincial el contrato de concesión de tierras de Salta Forestal celebrado con la empresa
Ecodesarrollo SA y la resolución 249/06 del ex Ministerio de la Producción y el Empleo”, durante el mandato
de Juan Carlos Romero.