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Capítulo II. La delimitación jurídica del teletrabajo
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concluye, en el tiempo “record” de tres semanas en un Acuerdo, de 7 de mayo de
2007, y en una Declaración Administración-Sindicatos de Ratificación del Acuerdo
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Teletrabajo, el 8 de mayo de 2007
(en adelante el Proyecto). Este Acuerdo manifiesta la necesidad de promover una
regulación uniforme del teletrabajo que afecte a todos los empleados por igual, al
tratarse de una forma de trabajo que incrementará la calidad del servicio prestado
a la ciudadanía, y potenciará el servicio público en general. Esta regulación de
las condiciones de trabajo, en que los empleados públicos serán teletrabajadores
exige, como apoyo y garantía a este sistema, la negociación con las Centrales
Sindicales para incorporar una serie de aportaciones al texto del proyecto.
Entre las reivindicaciones conseguidas se encuentran, entre otras, las
siguientes: la relativa a que la prestación de teletrabajo no se limite exclusivamente
al domicilio, el retorno al trabajo presencial, la adaptación de los sistemas de
evaluación a las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público, la necesidad
de que los planes de teletrabajo se negocien con las organizaciones sindicales:
el aumento del porcentaje de jornada susceptible de ser prestada a través del
teletrabajo con un límite máximo del 50% de la jornada prestada fuera del lugar
de trabajo 567 .
En la actualidad, razones de política legislativa hacen que el Real Decreto
esté aún pendiente de aprobación “sine die”. Sin embargo, no por ello vamos a
abandonar su estudio, teniendo en cuenta la existencia del Acuerdo de 7 de mayo
de la Mesa General de Negociación en la AGE, por medio del cual Administración y
Sindicatos aprueban la regulación de un régimen común del teletrabajo, aplicable
a funcionarios y personal laboral, y por lo tanto de un instrumento que identifica
y diferencia la prestación de servicios en el sector público. En definitiva, se trata
de un texto que representa un “paso más” dentro de un amplio y complejo
proceso de reforma del empleo público, cuyo último exponente se encuentra en
el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), donde el papel de las
organizaciones sindicales y de la negociación colectiva han sido relevantes 568 .
2.3.1. El proyecto de regulación y su contenido
El objeto del Proyecto es la regulación del teletrabajo en la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos mediante el uso de las nuevas
567
Véase la nota informativa de 26 de abril 2007, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Secretaria del Sector de
la Administración General del Estado, www.fspugt.es.
568
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13 de abril 2007, núm. 89). Vid. DE SANDE
PÉREZ-BEDMAR, María, “El estatuto básico del empleado público: comentario al contenido en espera de su desarrollo”,
RL, núm. 18, 2007, p. 56, en relación con una serie de consideraciones generales que previamente realiza. En MOLINA
NAVARRETE, Cristóbal, “Aspectos laborales del estatuto básico del empleado público: de la convergencia a la «unificación»
parcial de estatutos”, RTYSS, CEF, núms., 293-294, 2007, p. 119, uno de los grandes protagonistas del cambio en la
Administración Pública “es la negociación colectiva, en virtud del reforzamiento dado por el EBEP a la autonomía colectiva
como nueva fuente reguladora del Derecho del Empleo Público”.