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El contenido de la relación laboral en el teletrabajo
propio cumplimiento de la relación laboral o de las obligaciones que derivan de
la misma 1746 . Con todo, partiremos de la proyección laboral y, por lo tanto, de
la legitimidad de los métodos de control de la actividad laboral del trabajador,
pero sin obviar el art. 13 LOPD 1747 a efectos de posibles sanciones disciplinarias,
reconociendo el derecho a los ciudadanos a “no verse sometidos a una decisión
con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se
base únicamente en un tratamiento de datos de carácter personal destinados a
evaluar determinados aspectos de su personalidad” (art. 13.1) y que “impliquen
una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento
de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o
personalidad” (art. 13.2) 1748 . En estos casos el legislador reconoce al trabajador el
derecho a exigir la obtención de la información del responsable del fichero sobre
los criterios de valoración y el programa utilizado en el tratamiento que sirvió para
adoptar la decisión en que consistió el acto (art. 13.3), y a la valoración sobre
el comportamiento basada en un tratamiento de datos que “únicamente podrá
tener valor probatorio a petición del afectado” (art. 13.4) 1749 .
Esto mismo se contempla en la normativa comunitaria en los casos en
que la base de datos creada para gestionar las medidas de control tenga como
finalidad “verificar exclusivamente datos concretos de la personalidad de los
trabajadores de la empresa: sus conexiones a Internet y tiempo de trabajo” 1750 ,
cuyo art. 15 de la Directiva 95/46 establece el derecho de las personas a no
verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos sobre ellas que les afecte de
manera significativa, que se base exclusivamente en un tratamiento automatizado
de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad, como su
rendimiento personal. Ante la imposibilidad de llevar acabo la evaluación mediante
estos procedimientos de control, nos decantamos por la necesidad de exigir el
consentimiento expreso del trabajador 1751 . De igual modo, debemos considerar
1746
VALVERDE ASENCIO, Antonio José, “El derecho a la protección de datos en la relación laboral”, en DEL REY
GUANTER, Salvador, Relaciones laborales y nuevas tecnologías, obra cit., p. 401.
1747
LUJÁN ALCARAZ, José, “Protección de datos de carácter personal y contrato de trabajo”, obra cit., p. 17.
1748
En FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit.,
p. 122, son muchas las decisiones empresariales que pueden ser adoptadas en base a un tratamiento de datos en estos
términos, como la movilidad funcional y geográfica, ascensos, aumentos salariales, control de la productividad, etc.
1749
Para FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit.,
p. 123, en el ámbito laboral es difícil obtener una anulación de las decisiones empresariales, dado que las decisiones se
toman, habitualmente, atendiendo a una pluralidad de puntos de referencia, por lo que “más efectos jurídicos puede tener
la previsión que niega valor probatorio a esos tratamientos”.
1750
Igualmente, MELLA MÉNDEZ, Lourdes, “Comentario general al Acuerdo Marco sobre el Teletrabajo”, RL, núm.
1, 2003, p. 38, “si el empresario pretende examinar mensajes electrónicos privados cuyo envío hubiese previamente
autorizado. Con todo, serán los convenios colectivos o los pactos individuales quienes tengan la última palabra sobre estas
cuestiones”.
1751
El art. 15 de la D. 95/46 contempla: 1. “Los Estados miembros reconocerán a las personas el derecho a no
verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos sobre ellas o que les afecte de manera significativa, que se base
únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de la personalidad,
como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, etc.”. 2. Los Estados miembros permitirán, sin perjuicio de los
dispuesto en los demás artículos de la presente Directiva, que una persona pueda verse sometida a una de las decisiones
contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión: a) se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un
contrato, siempre que la petición de celebración o ejecución del contrato presentada por el interesado se haya satisfecho
o que existan medidas apropiadas, como la posibilidad de defender su punto de vista, para la salvaguarda de su interés
legítimo; b) esté autorizada por una ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado.”