1_2159_coleccion_premio_investigacion_ces

Capítulo I. Definición, rasgos y tipologías del teletrabajo
95
Por lo tanto, reconocemos que los criterios interpretativos empleados para
garantizar la aplicación al teletrabajo -interactivo- de la legislación del país del
establecimiento de la empresa son difíciles de definir, máxime cuando pueden
provocar que “trabajadores que prestan su servicio en un mismo país se vean
sometidos a legislaciones diferentes”, algo discriminatorio que impediría al Estado
organizar con efectividad las condiciones de su mercado laboral 387 .
En este sentido, nos mostramos partidarios de una intervención
comunitaria que tenga como finalidad el establecimiento de una garantía para
los teletrabajadores transnacionales de un bloque de condiciones de trabajo que
fueran equiparables a las que estuvieran vigentes en el país en que la prestación
del teletrabajador es aprovechada 388 . En el ámbito comunitario tenemos un
antecedente normativo en la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre de 1996,
del Parlamento y del Consejo sobre desplazamientos de trabajadores efectuados
en el marco de una prestación de servicios 389 , donde se vienen a establecer unas
condiciones laborales mínimas para este tipo de trabajadores con la finalidad de
evitar los efectos del dumping social 390 . Esta iniciativa perseguiría que la prestación
transnacional de servicios de las relaciones de trabajo consiguiera un clima de
competencia leal y de medidas que garantizaran el respeto de los derechos de los
trabajadores 391 . Como ha afirmado la doctrina, consideramos que sería necesaria
una normativa comunitaria integral de las dos manifestaciones del trabajo a
distancia telemático, el del teletrabajo individual y el de la subcontratación de los
trabajos informáticos, para así evitar que la regulación de una modalidad sólo sirva
para desincentivar una de las formas de prestación a distancia telemática para
fomentar la otra, no regulada 392 .
Esta nueva Directiva soslayaría los problemas existentes en la normativa
actual en lo que afecta al teletrabajo transnacional, pese a la modificación del
Convenio de Roma por el Reglamento UE (Roma I), estableciendo la necesaria
coordinación de los sistemas jurídicos y de las Administraciones de trabajo
afectadas 393 . Por regla general, en los conflictos en supuestos de teletrabajo
387
THIBAULT ARANDA, Javier, El teletrabajo: análisis jurídico-laboral, obra cit., p. 267. En relación con el teletrabajo
interactivo, MORENO MÁRQUEZ, ANA, “Ley aplicable al teletrabajo transnacional: problemas existentes y posible
soluciones”, obra cit., p. 41 “no parece que deba darse un tratamiento normativo diferente al teletrabajador on line que
presta servicios desde cualquier punto del territorio español con respecto a otro teletrabajador on line que se sitúa en el
territorio de otro estado distinto”.
388
SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, “El derecho del trabajo frente al desafío de la transnacionalización del empleo:
teletrabajo, nuevas tecnologías y dumping social”, obra cit., p. 122.
389
Directiva transpuesta en el ordenamiento español por Ley 45/1999, de 29 de noviembre sobre el desplazamiento de
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional (BOE de 30 de noviembre de 1999).
390
Finalidad puesta en duda, OJEDA AVILÉS, Antonio, “Negociación colectiva y trabajadores desplazados. Comentarios a
la Directiva 96/71/CE”, AS, en Tomo V, 1997, p. 51.
391
En los términos del Considerando 5 Directiva 96/71/CE. Igualmente SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, “El derecho
del trabajo frente al desafío de la transnacionalización del empleo: teletrabajo, nuevas tecnologías y dumping social”, obra
cit., p. 123.
392
En este mismo sentido, SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, Teletrabajo y globalización, obra cit., p. 53.
393
En este mismo sentido, pero en relación con el desplazamiento temporal de trabajadores, RODRÍGUEZ PIÑERO,
Miguel, “El desplazamiento temporal de trabajadores y la Directiva 96/71/CE”, RL, Tomo II, 1999, p. 84. Al respecto,
debemos tener en cuenta que la Directiva contempla el establecimiento en cada Estado miembro de la cooperación en
materia de información entre las Administraciones públicas a las que, en virtud de la legislación nacional, compete la
supervisión de las condiciones de trabajo y empleo -art 4-.