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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo 327 con los incumplimientos que atenten a la intimidad y dignidad del trabajador (art. 4.2.e) ET) 1592 . Por lo tanto, una vez ejecutada la decisión empresarial, las presuntas irregularidades apuntadas en el informe por los representantes de los trabajadores servirán para fundamentar su posición en las vías judiciales o extrajudiciales empleadas 1593 . La segunda consecuencia se refiere a la vía que tiene expedita el propio trabajador, e incluso el sindicato y la representación unitaria (art. 181 Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -en adelante LPL-) 1594 , si se observa que la medida de control puede violar, en su vertiente colectiva, derechos fundamentales del trabajador 1595 . Finalmente, una vez recibida la información del empresario, los representantes siempre podrán trasladar a los trabajadores la información de las medidas de control que el empresario va a ejecutar 1596 . Lo importante es que los representantes obtengan la información necesaria que, de acuerdo con el mencionado principio de buena fe, el empresario viene obligado a proporcionar para que los representantes de los trabajadores puedan emitir su informe con conocimiento de causa y puedan ejercer debidamente el derecho de consulta 1597 . No obstante hay que entender que, además de la representación unitaria, la representación sindical es otro órgano dotado de competencias consultivas, correspondiendo a los delegados sindicales el derecho a ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general, y a los afiliados a su sindicato en particular (art. 10.3.3º de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical) (en adelante LOLS) 1598 . La representación sindical ostenta en gran medida las competencias de la representación unitaria y, aunque en un principio se entendió que la equiparación 1592 GOÑI SEIN, José Luis, El respeto a la esfera privada del trabajador, obra cit., p. 150. Y en el art. 65.1 ET que legitima a los representantes cuando las violaciones empresariales afecten al interés colectivo de los trabajadores, en SALA FRANCO, Tomás; ALBIOL MONTESINOS, Ignacio, Derecho sindical, Tirant lo blanch, Valencia, 2003, p. 210. 1593 LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo, “El derecho de consulta previa como instrumento de control colectivo del poder de dirección”, obra cit., p. 323. 1594 BOE 11 de abril de 1995. 1595 Para TUDELA CAMBRONERO, Gregorio, “Proceso de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales”, en AAVV, El proceso laboral. Estudios en homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil, Lex Nova, Valladolid, 2001, p. 822 “puede identificarse, en ocasiones, una vertiente colectiva de los derechos fundamentales, por lo que no ha de extrañar que, en estos casos, junto al sujeto individual que sufre directamente la lesión, actúen en defensa del interés colectivo los sujetos que tienen atribuida esa función, lo que puede abrir la vía, desde luego, al propio sindicato, pero también a otros sujetos colectivos, como la representación unitaria de los trabajadores en la empresa”. 1596 SEMPERE NAVARRO, Antonio V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, Nuevas tecnologías y relaciones laborales, obra cit., p. 72 se señala que la función del informe es más defensiva que consultiva. En GOÑI SEIN, José Luis, El respeto a la esfera privada del trabajador, obra cit., p. 150, la mejor defensa ante la invasión de la vida privada es la participación de los trabajadores mediante la representación antes y después de la aplicación de las reglas convenidas. 1597 CRUZ VILLALÓN, Jesús; RODRÍGUEZ RAMOS VELASCO, Patrocinio; GÓMEZ GORDILLO, Rafael, Estatuto de los trabajadores comentado, Tecnos, Madrid, 2003, p. 840, también MONTOYA MELGAR, Alfredo, La buena fe en el derecho del trabajo, obra cit., p. 72. En LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo, “El derecho de consulta previa como instrumento de control colectivo del poder de dirección”, obra cit., p. 324, el principio de buena fe obliga al empresario aclarar determinados datos fácticos, aportar nuevos elementos de juicio a requerimiento de los representantes. En MONEREO PÉREZ, José Luis, Los derechos de información de los representantes de los trabajadores, obra cit., p. 117, se señala que “la información previa o complementaria que debe acompañar a la consulta es en sí misma una garantía de efectividad en el ejercicio de las facultades consultivas”. 1598 MONEREO PÉREZ, José Luis, Los derechos de información de los representantes de los trabajadores, obra cit., p. 111.
328 El contenido de la relación laboral en el teletrabajo de competencias no concurría en relación a “la recepción de información y emisión de informes (…)” 1599 , es obvio que el art. 10.3.3º. LOLS “comprende los supuestos en que el comité de empresa ha de ser oído previamente y emitir informe” 1600 . Esto significa que el incumplimiento empresarial del deber de audiencia-consulta (art. 10.3.3º LOLS) y de información (art. 10.3.1º LOLS) a la representación sindical se considera una vulneración del derecho a la actividad sindical y está sujeto al procedimiento de tutela de la libertad sindical 1601 . En cuanto a las consecuencias jurídicas o a la responsabilidad empresarial del incumplimiento del deber de consulta previa a los representantes de los trabajadores (art. 64 ET y 10.3 LOLS) hay que tener en cuenta que, “como regla general”, la sanción puede originar la ineficacia de la decisión empresarial laboral adoptada irregularmente, sin perjuicio de su tipificación como falta grave (art. 7.7 TRLISOS) 1602 . Igualmente, la decisión es nula si se omite el informe 1603 , si bien esta nulidad sólo afectaría al momento de ejecución de la decisión por lo que, una vez subsanada la carencia, el empresario podría aplicarla de nuevo 1604 . Se ha mantenido que ésta es una consecuencia excesivamente rígida, motivo por el cual se defiende que la vía apropiada sería que los representantes, mediante el procedimiento de conflicto colectivo, pidieran la revocación del acto y la retirada del sistema de vigilancia implantado o revisado. Esto no impediría al empresario adoptar de nuevo la medida de control, pero en este caso tendría que respetar el trámite de la consulta previa. En tanto no se produzca la revocación del acto, la medida sería eficaz a todos los efectos 1605 . En este sentido, el Alto Tribunal ha declarado que el incumplimiento del trámite del informe carece de trascendencia constitucional por tratarse de una cuestión de mera legalidad ordinaria 1606 . Sin embargo, no es menos cierto que el 1599 STSJ País Vasco, de 16 enero de 1992 (Ar. 1992/175). 1600 El TS declaró que “si se leen atentamente los apartados 1.3 a 1.6 del art. 64 ET se comprueba que la expresión del art. 10.3.3. LOLS al decir «ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afectan a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular» comprende los supuestos en que el comité de empresa ha de ser oído previamente y emitir informe, números 1.3 y 1.4 del art. 64”, STS 14 de junio 1998 (Ar. 1998/5290). 1601 MONEREO PÉREZ, José Luis, Los derechos de información de los representantes de los trabajadores, obra cit., p. 261. Igualmente ALONSO OLEA, Manuel; BARREIRO GONZÁLEZ, Germán, El Estatuto de los trabajadores: textos, comentarios, jurisprudencia, Civitas, Madrid, 1995, p. 319, se decantan por la regla general de la invalidez del acto, dado que los apartados del número 1.4º del art. 64 ET “son de naturaleza muy variada y es dudoso un pronunciamiento categórico en tal sentido”. 1602 MONEREO PÉREZ, José Luis, Los derechos de información de los representantes de los trabajadores, obra cit., p. 256; CRUZ VILLALÓN, Jesús; RODRÍGUEZ RAMOS VELASCO, Patrocinio; GÓMEZ GORDILLO, Rafael, Estatuto de los trabajadores comentado, obra cit., p. 841 1603 Entre otros, CRUZ VILLALÓN, Jesús; RODRÍGUEZ RAMOS VELASCO, Patrocinio; GÓMEZ GORDILLO, Rafael, Estatuto de los trabajadores comentado, obra cit., p. 841. 1604 MIÑARRO YANINI, Margarita, “Las facultades empresariales de vigilancia y control en las relaciones de trabajo: especial referencia a las condiciones de su ejercicio y a sus límites”, obra cit., p. 57; THIBAULT ARANDA, Javier, Control multimedia de la actividad laboral, obra cit., p. 43. 1605 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit., p. 54. 1606 STC 186/2000, de 10 de julio. En contra ESCRIBANO GUTIÉRREZ, Juan, “El derecho a la intimidad del trabajador. A propósito de la STC 186/2000, de 10 de julio, obra cit., p. 87 y ss., en relación al “juicio de necesidad” añade “(…). Fácilmente se pueden imaginar medidas mucho menos traumáticas que la finalmente empleada para lograr dicho objetivo. Así, por ejemplo, las cámaras fueron instaladas sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores, así como ningún
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