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El contenido de la relación laboral en el teletrabajo
integrado por distintos prestadores de actividad –trabajadores y funcionarios- que
no tienen “los mismos derechos y obligaciones unos respecto de otros”, ni se
encuentran en situaciones idénticas, “aunque progresivamente está produciéndose
un doble fenómeno de interinfluencia” 579 .
El concepto de “empleado público” se desglosa en cuatro categorías de
personas: los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos 580 , el personal
laboral y el personal eventual 581 que, a su vez, se reconducen en dos grupos,
el personal funcionario y asimilado, y el personal laboral (arts. 8 a 12 EBEP) 582 .
El EBEP parte de un sistema dual consolidado de empleo público, y apuesta por
la integración de los dos regímenes de funcionarios públicos y de contratados
laborales, pero no acaba con la dualidad de regímenes jurídicos ni configura
el régimen de la función pública sobre la base de un único modelo dadas las
singularidades que cada régimen presenta 583 .
En la Constitución no existe un principio unitario del régimen laboral y
funcionarial (STC 99/1987, RTC 1987/99). Tanto la doctrina constitucional como
la jurisprudencia han asumido plenamente el criterio de la diferenciación entre
el colectivo de los trabajadores que entronca con el art. 35 CE, y el funcionarial
con el art. 103 CE, “por lo que no cabe la aplicación automática de la normativa
laboral al ámbito de la función pública” 584 .
En materia de teletrabajo, en la AGE nos encontramos con una regulación
unitaria para el empleado público, pero con un régimen jurídico diferenciado en
función de la prestación de servicios. La naturaleza laboral o funcionarial del puesto
de trabajo que se teletrabaja es diferente teniendo en cuenta que “el ejercicio de
579
DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, “El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario de urgencia a los aspectos
laborales de la Ley 7/2007, de 12 de abril”, REGDTSS, núm. 14, 2007, pp. 2 y 3, por el cual instituciones clásicas de la
relación funcionarial se aplican a los trabajadores (principios de mérito y capacidad, ciertas norma de derecho público, como
el régimen de incompatibilidades), e instituciones clásicas de la relación laboral se aplican a los funcionarios (negociación
colectiva).
580
Son funcionarios de carrera “quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente”, y funcionarios interinos “los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de carrera” cuando se den una serie de
circunstancias (plazas vacantes, sustitución, ejecución programas temporales, exceso o acumulación de tareas por un plazo
máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses”, (arts. 9.1 y 10.1 EBEP).
581
“Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos
presupuestarios consignados para este fin” (art. 12.1 EBEP).
582
Sobre las categorías de personas incluidas en el concepto de empleado público, entre otros, DE LA VILLA GIL, Luis
Enrique, “El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario de urgencia a los aspectos laborales de la Ley 7/2007, de
12 de abril”, obra cit., p. 2.
583
GOÑI SEIN, José Luis, “Ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto. Concepto y clases de empleado público.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio”, en AAVV, El estatuto básico del empleado público, XIX Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Badajoz, 29 y 30 de mayo de 2008, Laborum, Murcia, 2008,
p. 141. OJEDA AVILÉS, Antonio, “Los límites del paradigma laboral en la función pública”, RL, 1991-I, pp. 114 a 120,
señalaba tres rasgos tendenciales del modelo público: a) la fascinación por el modelo empresarial como motor dominante;
b) reducción de las ramas especiales en la normativa sobre trabajo humano; y c) un «divario» natural: democracia política
vs. democracia económica.
584
SEMPERE NAVARRO, Antonio V., QUINTANILLA NAVARRO, Yolanda, “El personal laboral del sector público”, AS,
núm. 14, 2007, pp. 14 y 15.