1_2159_coleccion_premio_investigacion_ces
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140<br />
El contenido de la relación laboral en el teletrabajo<br />
el Proyecto se remite a la normativa vigente sobre la materia 608 . Cada Ministerio<br />
será el responsable de cada una de las obligaciones empresariales previstas en la<br />
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales<br />
(LPRL), en especial las de información, formación y elaboración del Plan de<br />
prevención de riesgos laborales 609 . Por ello, si de la evaluación de riesgos se<br />
deducen situaciones de riesgo será ne<strong>ces</strong>aria la planificación de las actividades<br />
preventivas adecuadas para eliminar o reducir los riesgos en el teletrabajo. Esto<br />
puede traer consigo que se realicen controles periódicos de las condiciones de<br />
trabajo y de la actividad de los empleados públicos en la prestación de servicios<br />
cuando sea ne<strong>ces</strong>ario 610 , algo sumamente delicado cuando el empleado público<br />
realice esa prestación de servicios no presencial en un lugar de trabajo que goza<br />
de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) 611 .<br />
Opinamos que es ne<strong>ces</strong>ario clarificar las actuaciones preventivas en los<br />
puestos de trabajo de los empleados públicos que participen en programas de<br />
teletrabajo, con la finalidad de conjugar los derechos fundamentales de los<br />
trabajadores al realizar el trabajo en su domicilio, con el deber del Departamento de<br />
proteger de manera eficaz su seguridad y salud. En primer lugar, estas actuaciones<br />
van encaminadas a que el teletrabajador autocompruebe su puesto de trabajo<br />
con pantallas de visualización de datos (PVD) y adopte las medidas preventivas<br />
adecuadas, y en segundo lugar, a que el teletrabajador autorice al Servicio de<br />
Prevención para que evalúe el puesto de trabajo con PVD en su domicilio y<br />
adopte las medidas preventivas adecuadas 612 . No obstante, sobre estos lugares de<br />
trabajo la Administración no tiene un poder de disposición que permita verificar el<br />
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; Real Decreto<br />
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de<br />
diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 19 de enero 2008, núm. 17).<br />
608<br />
Directiva del Consejo 89/391, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora<br />
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva marco). Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de<br />
Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10 de noviembre de 1995); Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación<br />
de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado (BOE de 17 de julio de 1998);<br />
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la<br />
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-<br />
Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado; Real<br />
Decreto 707/2002, de 19 de julio , por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de<br />
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimiento en<br />
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado (BOE 31 de julio 2002),<br />
modificado por el Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica; Resolución de 17 de febrero de 2004, de<br />
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema<br />
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado.<br />
609<br />
SALA FRANCO, Tomás, Derecho de la prevención de riesgos laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 378,<br />
en materia de obligaciones preventivas de las Administraciones Públicas y de los funcionarios públicos se contempla el<br />
principio de equiparación de derechos y obligaciones preventivas de los funcionarios públicos y demás personal estatutario<br />
con los trabajadores y las empresas, al no establecer peculiaridad alguna en la regulación de las obligaciones empresariales<br />
y de los trabajadores en materia preventiva.<br />
610<br />
CASTILLO BLANCO, Federico A., “Los derechos individuales de los empleados públicos”, en SÁNCHEZ MORÓN,<br />
Miguel (dir.), Comentarios a la Ley del Estatuto básico del empleado público, obra cit., pp. 181 a 188.<br />
611<br />
MAP, Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la Administración General del Estado, obra<br />
cit., p. 6.<br />
612<br />
MAP, Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la Administración General del Estado,<br />
obra cit., pp. 16 y 17. En el primer caso, el Servicio de Prevención forma al teletrabajador para autocomprobar su puesto<br />
de trabajo, y en el segundo caso, mediante la autorización el Servicio de Prevención evalúa el puesto de trabajo del<br />
teletrabajador y propone las medidas preventivas que ha de adoptar.