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Capítulo I. Definición, rasgos y tipologías del teletrabajo
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necesario no sólo obtener la información oportuna, sino también la autorización de
la familia y del propietario de la vivienda para su colocación en el lugar específico de
la misma donde el teletrabajador desempeñe su prestación de servicios, debiendo
desconectarlas a la finalización de las tareas laborales 255 . Y todo ello porque estamos
ante un domicilio inviolable en el sentido del art. 18.2 CE, entendido como un
“espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y
convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima”. Por ello, a través de este
derecho “no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado,
sino lo que en él hay de emanación de la persona y de la esfera privada de ella” 256 .
Teniendo en cuenta la regulación del Código Penal (art. 203), la esfera
de la vida protegida no es sólo la intimidad personal o familiar, sino también la
faceta profesional 257 . En este último caso los tribunales han venido reconociendo
la protección domiciliaria contemplada en el art. 18.2 CE a los despachos o
espacios no abiertos al público, aunque no estén situados en el lugar donde el
ciudadano tiene su domicilio particular en sentido estricto, porque entienden que
aquéllos pertenecen a su esfera de privacidad 258 . El Código Penal tipifica el delito
de «allanamiento de morada» y trata de proteger el derecho fundamental a la
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), tanto de los particulares (art. 202), como
de las personas jurídicas (art. 203), destinando el art. 204 a un tipo cualificado para
la autoridad o funcionario público que cometiere estos delitos 259 . Esta normativa
no sólo contempla como sujetos titulares del derecho a la inviolabilidad del
domicilio a las personas jurídicas, privadas o públicas, sino también a los despachos
profesionales u oficinas, o establecimientos mercantiles o local abierto al público
fuera de las horas de apertura. No obstante, coincidimos con la mejor doctrina en
que esas menciones realizadas en el Código Penal se refieren a la protección de
cualquier lugar cerrado en el que se desarrolla una actividad mercantil, económica
o productiva, sin incluir aquellos otros lugares no mencionados en él –fabricas y
talleres- pero que participan de similares circunstancias 260 .
255
LAFONT NICUESA, Luis, “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de los derechos constitucionales del
teletrabajador”, obra cit., pp. 23 y 24.
256
STC 22/1984, de 17 de febrero (FJ 5º); entre otras, SSTC 50/1995, de 23 de febrero (FJ 5º); 133/1995, de 25 de
septiembre (FJ 4º); 10/2002, de 17 de enero (FJ 5º); 189/2004, de 2 de noviembre (FJ 2º); 209/2007, de 24 de septiembre
(FJ 2º).
257
Capítulo II del Título X “Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público”,
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; también GÓMEZ OREA, Manuel, “ El derecho a las
personas jurídicas a la inviolabilidad del domicilio y la actuación de la Inspección de Trabajo”, obra cit., p. 1392. In extenso,
MAGRO SERVET, Vicente, “Casuística sobre el concepto penal de domicilio en la diligencia de entrada y registro”, Diario
La Ley, núm. 5.479, de 11 febrero 2002.
258
GARCÍA RUBIO, María Amparo, La inspección de trabajo y seguridad social: doctrina y jurisprudencia, obra cit., p.
310, con cita de la STS (Penal), de 11 de octubre de 1993 (Ar. 7371).
259
In extenso, MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho penal. Parte especial, obra cit., pp. 272 a 280. El art. 202.1
contempla “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad
de su morador, será castigado (…)”; art. 203. 1 “Será castigado (…) el que entrare contra la voluntad de su titular en el
domicilio de una persona jurídica o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto
al público fuera de las horas de apertura”.
260
GONZÁLEZ BIEDMA, Eduardo, La inspección de trabajo y el control de la aplicación de la norma laboral, obra cit., p.
182. En iguales términos, pero con fundamento en el art. 10.2 de la CE en relación con el art. 12 del Convenio de la OIT
núm. 81 sobre la Inspección de trabajo en la Industria y en el Comercio, art. 16 del Convenio núm. 129, de la Inspección
de trabajo en la agricultura, GÓMEZ OREA, Manuel, “El derecho a las personas jurídicas a la inviolabilidad del domicilio y
la actuación de la Inspección de Trabajo”, obra cit., 1392.