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Capítulo I. Definición, rasgos y tipologías del teletrabajo
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que este derecho se extiende a otras herramientas de trabajo de la empresa,
sin embargo, el TC reconoce este derecho sin que ello suponga a la empresa
un gravamen adicional, dejando en manos de otros instrumentos como la
negociación colectiva, la regulación del uso de los medios técnicos de la empresa
para la comunicación e información entre los trabajadores y sus representantes.
En relación con este aspecto nos remitimos infra al capítulo del poder de control
del empresario tratado con mayor detenimiento.
En relación con los derechos de información y consulta, el AMET recoge
que los representantes de los trabajadores serán informados y consultados sobre
la introducción del teletrabajo de acuerdo con las legislaciones europea y nacional,
los convenios colectivos y la práctica habitual. En realidad nos encontramos con
una nueva atribución de competencia que debería ser incorporada al art. 64 ET 754 ,
donde se regulan los derechos de información y consulta de los representantes
de los trabajadores 755 . Esto significa que el comité de empresa tiene derecho a ser
informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan
afectar a los trabajadores, en este caso, sobre la introducción del teletrabajo (art. 64.1
ET) 756 . Esta información está sujeta a la emisión de informe del comité de empresa,
con carácter previo a la ejecución de las decisiones adoptadas por el empresario
cuando la introducción del teletrabajo suponga la “implantación y revisión de
sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempo, establecimiento
de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo” [art.64.5 f)
ET], o el “traslado total o parcial de las instalaciones” [art. 64.5 c) ET] 757 .
Por último, en relación al ejercicio del derecho de huelga, no mencionado
en el AMET, habrá que tener en cuenta la especial incidencia de la misma en
ciertos sectores con un alto nivel de tecnificación que permite reducir al mínimo la
necesidad de la mano de obra en determinados momentos del proceso productivo,
en la medida que pueda el empresario mantener su actividad productiva sin
necesidad de utilizar mano de obra durante el desarrollo de la huelga (por ejemplo,
uso de cajeros automáticos en las entidades bancarias), en sectores relacionados
con las telecomunicaciones (telefónicas) o a través de Internet, y en los medios de
comunicación no escritos (radio y televisión) 758 .
754
En este sentido, HERNANDO DE LARRAMENDI, Álvaro, “Notas sobre la aplicación en España del Acuerdo Marco
europeo sobre teletrabajo”, obra cit., p. 85. No obstante, no sería necesario, “pues aquélla ya podía entenderse
perfectamente incluida en alguno de los apartados del precepto en cuestión”, en MELLA MÉNDEZ, Lourdes, “Comentario
general al Acuerdo Marco sobre el teletrabajo”, obra cit., p. 51.
755
Art. 64 ET modificado por Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 171995, de 24 de marzo, en materia de información
y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del
empresario (BOE 17 noviembre de 2007, núm. 276).
756
Art. 64. 1 p. 2º “Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin
de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende
el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión
determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo”.
757
THIBAULT ARANDA, Javier; JURADO SEGOVIA, Ángel, “Algunas consideraciones en torno al Acuerdo Europeo sobre
Teletrabajo”, obra cit., p. 65.
758
MORALO GALLEGO, Sebastián, “El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la descentralización
productiva”, en FALQUERA BARÓ, Miguel Ángel (dir.), Derecho colectivo, Cuadernos de Derecho Judicial, III-2003,
CGPJ, Madrid, 2003, pp. 218 y 219.