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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
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bien porque se infrinja la concreta regulación empresarial ocasionando un perjuicio
a la empresa, deben someterse a la jurisdicción social, dado que el empresario no
puede unilateralmente impedir el goce del derecho y, por lo tanto, determinar
-aunque sea indirectamente- el alcance del derecho fundamental 1789 .
La sentencia reconoce a los sindicatos el derecho al uso del correo
electrónico de la empresa como medio para distribuir información sindical a los
trabajadores, siempre y cuando dicho instrumento existiera en la empresa, por
lo que entendemos que este derecho está implícito en el teletrabajo on line. Sin
embargo, hay otras cuestiones de interés, tales como las relativas a la titularidad
del derecho, al secreto de las comunicaciones y a la extensión del uso a todos los
medios de información y comunicación de la empresa y no en exclusividad del
correo electrónico, que nos llevan a concluir que en el teletrabajo debemos acudir
a la regulación convencional de los derechos on line.
En relación a la titularidad del derecho al uso del correo electrónico
corporativo como medio para distribuir información sindical a los trabajadores, ésta
corresponde tanto a los representantes legales (arts. 64.7 e) 68 d) y 81 ET) como
sindicales (art. 8.1 c) y 8.2 LOLS) 1790 . Por lo tanto, además de la representación
sindical debemos atender a la unitaria, que tiene garantizada su libertad de
expresión a través de la publicación y distribución de las publicaciones de interés
laboral o social, siempre que no perturben el normal desenvolvimiento del trabajo,
y entre cuyas competencias está la de informar a los trabajadores y disponer de
uno o varios tablones de anuncios 1791 . No obstante, la exclusión de determinadas
representaciones no es aconsejable, sobre todo si propician diferencias de trato
que no están amparadas jurídicamente, y originan una potencialidad conflictiva
y disfunciones en el adecuado desarrollo de la acción sindical en la empresa 1792 .
En relación con el derecho al secreto de las comunicaciones consideramos
que, por ejemplo, la interceptación mediante cualquier mecanismo por parte del
empleador de los mensajes de correo electrónico supone una vulneración del
art. 18. 3 CE, salvo que se realice mediante una resolución previa judicial y el
1789
VALDÉS DE LA VEGA, Berta, “La utilización de las tecnologías de la información: un derecho sindical y un límite a la
libre disposición empresarial sobre los instrumentos de trabajo. Comentario a la STC 181/2005”, obra cit., p. 140.
1790
En este sentido, CAMAS RODA, Ferrán, “La influencia del correo electrónico y de Internet en el ámbito de las
relaciones laborales”, obra cit., pp. 159 y 160; BAYLOS GRAU, Antonio, VALDÉS DE LA VEGA, Berta, “El efecto de
las nuevas tecnologías en las relaciones colectivas de trabajo”, obra cit., p. 130; SEMPERE NAVARRO Antonio V.; SAN
MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, “El uso sindical del correo electrónico a la luz de la STC 281/2005, de 7 noviembre”,
obra cit., p. 18. En contra, MARTÍNEZ GARRIDO, Luis Ramón, “Los nuevos sistemas de comunicación electrónica y la
representación colectiva de los trabajadores en la empresa (a propósito de la STS 26 de noviembre 2006)”, en FALQUERA
I BARÓ, Miguel Ángel (dir.), Derecho colectivo, Cuadernos de Derecho Judicial, III-2003, CGPJ, 2003, p. 305, en cuanto
el mandato constitucional del art. 28.1 sólo sería aplicable a la representación unitaria de una manera indirecta aunque
afirma que “en el seno de la empresa es mucho más fácil que se produzcan actos de tolerancia que acaben engendrando
el derecho”.
1791
In extenso, DEL REY GUANTER, Salvador, Libertad de expresión e información y contrato de trabajo: un análisis
jurisprudencial, Civitas, Madrid, 1994; MONEREO PÉREZ, José Luis, Los derechos de información de los representantes
de los trabajadores, obra cit.
1792
CORREA CARRASCO, Manuel, “La proyección de las nuevas tecnologías en la dinámica (individual y colectiva) de las
relaciones laborales en la empresa: su tratamiento en la negociación colectiva”, RDS, núm. 31, p. 76.