1_2159_coleccion_premio_investigacion_ces

Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
317
sin olvidar que el respeto al contenido esencial impide que el legislador establezca
límites a los derechos fundamentales salvo que, como hemos visto supra, se
trate de preservar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, y se
aplique alguna consideración externa al contenido esencial, como es el principio
de proporcionalidad 1538 . Esto puede ser posible en el supuesto de un servicio
de control que acredite que la práctica empresarial se dirige exclusivamente a
controlar el trabajo de los empleados con una finalidad meramente laboral y con
medios ponderados y adecuados a las garantías constitucionales 1539 . Por otro lado,
el legítimo interés del empresario en el control tanto de la actividad laboral del
trabajador como del uso adecuado de las herramientas debe respetar el contenido
esencial del derecho al secreto de las comunicaciones. En estos supuestos de
colisión con los derechos fundamentales del trabajador vimos que prevalecía el
de este último, siempre y cuando sean ejercitados de buena fe y no supongan
restricción del derecho fundamental 1540 .
5.4.4. La buena fe en el teletrabajo
Las obligaciones de los trabajadores contenidas en los arts. 5.a) y 20.2 ET
relacionadas con el cumplimiento de los deberes de buena fe, diligencia y
colaboración en el trabajo tienen una especial incidencia en el teletrabajo, ya
que éste se realiza en un lugar que no coincide con la sede física de la empresa,
haciendo uso de las nuevas tecnologías. El teletrabajo no sólo trae consigo una
mayor autonomía y, por lo tanto, un incremento del riesgo en la realización de
la prestación de servicios, sino también mayores vulnerabilidades en el uso de las
a la libertad de empresa como derecho fundamental y, por lo tanto, con contenido esencial, entre otras, SSTC 46/1983, de
27 mayo, Fj 6; 109/2003, de 5 junio, Fj 15. No obstante, hay que tener en cuenta que el empresario no tiene “un poder
omnímodo e indiscriminado” sobre los bienes propiedad de la empresa (por ejemplo, el ordenador), STC 281/2005, de
7 noviembre.
1538
ARAGÓN REYES, Manuel, “El contenido esencial del derecho constitucional a la libertad de empresa”, en PÉREZ DE
LOS COBOS ORIHUEL, Francisco (dir.), Libertad de empresa y relaciones laborales en España, obra cit., p. 32. Sobre
el contenido esencial afirma que “además de en la igualdad, el contenido esencial del derecho a la libertad de empresa
se sustenta, ineludiblemente, en la libertad”, p. 55. Sobre las facetas que integran el contenido esencial del derecho de
libertad de empresa (libertad de acceso al mercado, libertad de desarrollo de la actividad empresarial, libertad de cesación
o salida del mercado), PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco, “Descentralización productiva y libertad de empresa”,
en PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco (dir.), Libertad de empresa y relaciones laborales en España, obra cit., pp.
192 y 193.
1539
Por ejemplo, STS de 5 diciembre 2003 (La Ley Juris 486/2004) declaró la validez del control empresarial, consistente
en grabar las conversaciones mantenidas por los asesores comerciales, a través de un teléfono de uso exclusivamente
profesional.
1540
En este sentido, MARÍN ALONSO, Inmaculada, El poder de control empresarial sobre el uso del correo electrónico
en la empresa: su limitación en base al secreto de las comunicaciones, obra cit., p. 206. Según esta autora para fiscalizar
el contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones deben concurrir los criterios generales del TC y los
específicos del derecho en cuestión, es decir, criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, por un lado, y autorización
judicial, por otro. Sólo en estos casos el derecho fundamental cede ante el interés empresarial y no, “tras la violación del
derecho, por la mera sospecha o constatación del uso inadecuado” por el trabajador de las herramientas de trabajo, p. 207.
El acceso del empresario a los correos de sus trabajadores únicamente se puede sustentar sobre una sospecha fundada de
comisión de delitos graves por su parte, p. 168. En contra, MARTÍNEZ GAYOSO, Mª Nieves, “Relación de trabajo y nuevas
tecnologías: algunos aspectos problemáticos del uso del correo electrónico por parte de los trabajadores en la empresa”,
TS, núm. 203, 2007, p. 40, afirmando que “no solamente las conductas del trabajador constitutivas de delito grave
pueden dar lugar a la autorización judicial, sino que el ejercicio normal de las facultades de dirección permiten extender
dicha exigencia a conductas del trabajador constitutivas de meros incumplimientos de sus obligaciones laborales, siempre y
cuando el empresario haya agotado los mecanismos de control ordinarios sin obtener resultados convincentes al respecto”.