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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
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relación a los fines para los que se recaben (art. 4.1 LOPD) 1686 . La política de
la empresa en este ámbito deberá adaptarse al tipo y grado de riesgo al que se
enfrente dicha empresa 1687 . Al respecto, la doctrina ha afirmado que “el principio
de congruencia y racionalidad” 1688 encaja en la conocida doctrina constitucional
de la indispensabilidad de la medida de control y sobre la proporcionalidad de la
restricción de los derechos fundamentales, por lo que habrá que llevar a cabo un
juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad que justifique las informaciones
registradas como mecanismo de salvaguardia de la privacidad del trabajador 1689 .
Así, habrá que determinar si la recogida y tratamiento de datos es
susceptible de conseguir el objetivo propuesto y si es necesaria, en el sentido
de que no exista otra medida más moderada o menos restrictiva de derechos
fundamentales para la consecución de tal propósito con igual eficacia, y que
satisfaga el interés empresarial con una menor intromisión en la vida privada o
el tratamiento de datos del trabajador 1690 . Como advierte la doctrina, habrá que
partir del supuesto de la indispensabilidad de la medida, principio que, aplicado
a la vigilancia tecnológica (por ejemplo videocámara), conlleva que sólo cabe
acudir a ella cuando los métodos tradicionales de supervisión resulten claramente
insuficientes o inaplicables en relación con los fines legítimos 1691 . Lo mismo cabe
decir con respecto a la vigilancia informática, dado que el empresario “debería
evitar los sistemas que efectúan una vigilancia automática y continua” en aras
de que la intromisión en la vida privada del trabajador sea menor y a su vez
conseguir el objetivo perseguido. Cuando la medida de control tecnológico (por
1686
El Considerando 28 de la Directiva 95/46 indica que “todo tratamiento de datos personales debe efectuarse de forma
lícita y leal con respecto al interesado; que debe referirse, en particular, a datos adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con los objetivos perseguidos; que estos objetivos han de ser explícitos y legítimos, y deben estar determinados en
el momento de obtener datos; que los objetivos de los tratamientos posteriores a la obtención no pueden ser incompatibles
con los objetivos originariamente especificados”.
1687
Documento de trabajo relativo a la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, de 29 de mayo
2002, R. 5401/01/ES/Final WP 55, p. 17.
1688
DEL REY GUANTER, Salvador, “Tratamiento de datos de carácter personal y contrato de trabajo”, obra cit., p. 148, hace
referencia a los dos principios generales fundamentales, los de congruencia y racionalidad, considerado “verdaderamente
cardinal” y el de consentimiento o autodeterminación. El primer macro-principio recoge los de legalidad, legitimidad,
pertinencia (congruencia), proporcionalidad, veracidad, accesibilidad, cancelación y descontextualización.
1689
En GOÑI SEIN, José Luis, “Los criterios básicos de enjuiciamiento constitucional de la actividad de control empresarial:
debilidad y fisuras del principio de proporcionalidad”, obra cit., p. 93. Sobre el principio de proporcionalidad, SEMPERE
NAVARRO, Antonio V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, Nuevas tecnologías y relaciones laborales, obra cit., p.
121; THIBAULT ARANDA, Javier, Control multimedia de la actividad laboral, p. 125. En la doctrina jurisprudencial, entre
otras, SSTC 99/1994, de 11 abril; 66/1995, de 8 mayo; 55/1996, de 28 marzo; 207/1996, de 16 diciembre; 37/1998, de
17 febrero; 98/2000 y 186/2000.
1690
GOÑI SEIN, José Luis, “Los criterios básicos de enjuiciamiento constitucional de la actividad de control empresarial:
debilidad y fisuras del principio de proporcionalidad”, obra cit., p. 93, señala con acierto que los “jueces y tribunales, más
que en la indispensabilidad de la medida, reparan en la razonabilidad para alcanzar el fin perseguido” (…), es decir, “si
la medida en cuestión resulta útil para alcanzar el resultado” (…) y, por consiguiente no profundizan “realmente en el
carácter subsidiario del recuso a estos procedimientos”.
1691
GOÑI SEIN, José Luis, “Los criterios básicos de enjuiciamiento constitucional de la actividad de control empresarial:
debilidad y fisuras del principio de proporcionalidad”, obra cit., p. 93, citando el Dictamen 4/2004 relativo al tratamiento
de datos personales mediante videocámara del Grupo de trabajo Art. 29, adoptado el 11 febrero 2004, R. 11750/02/ES
WP 89. Añadiendo que para su efectivo cumplimiento se requiere, “el que se aporte una cierta prueba de la inexistencia
de sistemas u otros aparatos mecánicos alternativos, que no requieran captación de imágenes y que puedan suplir la
adopción de un sistema de control tan potencialmente lesivo de la libertad y dignidad de los sujetos controlados”, en La
videovigilancia empresarial y la protección de datos personales, obra cit., p. 122.