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El contenido de la relación laboral en el teletrabajo
4º) 1496 y el segundo en el “juicio de ponderación adecuada” 1497 (SSTC 20/1990;
171/1990 y 240/1992) porque, en definitiva, el conflicto entre lo contemplado
en el contrato de trabajo y las exigencias de la producción y el reconocimiento de
efectos a los derechos fundamentales es una cuestión de límites 1498 .
En la práctica, la ausencia de criterios legales que sirvan para identificar
como legítimos los límites a los derechos fundamentales del trabajador y a
las exigencias del empresario se ha cubierto con la aportación de un criterio
constitucional basado en el principio de proporcionalidad 1499 , válido también en
el teletrabajo. El principio de proporcionalidad no sólo aparece en la mencionada
STC 99/1994, sino también en otras posteriores como las SSTC 98/2000, de 10
abril y 186/2000, de 10 julio 1500 cuya novedad viene dada por su aplicación al
ámbito de las relaciones privadas, concretamente, al de las relaciones laborales 1501 .
En la primera, relativa a la instalación en un casino de un sistema de captación
y grabación de sonidos y, en la segunda, la instalación en una empresa de un
circuito cerrado de televisión para controlar determinados puestos de trabajo 1502 .
En la STC 98/2000 se aplica “el principio de proporcionalidad”, precisando que
las modulaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que la relación
laboral impone “tienen que ser las indispensables y estrictamente necesarias para
satisfacer un interés empresarial merecedor de tutela y protección, de manera
que si existen otras posibilidades de satisfacer dicho interés menos agresivas y
afectantes al derecho en cuestión, habrá que emplear estas últimas y no aquéllas
más agresivas y afectantes” (Fj 7º).
En la STC 186/2000 el principio de proporcionalidad se delimita en la
necesidad de constatación de tres requisitos: “si tal medida es susceptible de
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria en
el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de
tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es
1496
“(…) en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad
productiva reflejo, a su vez, de derechos que han recibido consagración en el texto de nuestra norma fundamental (arts. 38
y 33 CE)”. Y otros más, como el derecho de asociación general (art. 22 CE) y reconocimiento institucional de los partidos
políticos (art. 6 CE), (STC 136/1996, Fj 6º).
1497
Así, “una ponderación adecuada, que respete la correcta definición y valoración constitucional del derecho fundamental
en juego y de las obligaciones laborales que puedan modularlo” (STC 6/1995, Fj 2º). “Siendo preciso acreditar que la
restricción del derecho del trabajador es el único medio razonable para el logro del legítimo interés empresarial”, (STC
136/1996, Fj 7º).
1498
RIVERO LAMAS, Juan, “Derechos fundamentales y contrato de trabajo: eficacia horizontal y control constitucional”,
en MONTOYA MELGAR, Alfredo (coord.), El trabajo y la Constitución: estudios en homenaje al Profesor Alonso Olea,
MTAS, Madrid, 2003, pp. 510 y 511.
1499
En este mismo sentido, GOÑI SEIN, José Luis, “Los criterios básicos de enjuiciamiento de la actividad de control
empresarial: debilidad y fisuras del principio de proporcionalidad”, obra cit., p. 83.
1500
En otras sentencias del TC se ha utilizado el mencionado principio para valorar la constitucionalidad de la restricción de
derechos fundamentales impuesta por los poderes públicos. La novedad de estas sentencias viene dada por su aplicación
al ámbito de las relaciones privadas, concretamente, al de las relaciones laborales.
1501
FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit., p. 43;
MIÑARRO YANINI, Margarita, “Las facultades empresariales de vigilancia y control en las relaciones de trabajo: especial
referencia a las condiciones de su ejercicio y a sus límites”, en GARCÍA NINET, José Ignacio (dir.), El control empresarial
en el ámbito laboral, obra cit., p.62.
1502
In extenso, SÁNCHEZ RODAS, Cristina, “Videocámaras y poder de vigilancia”, en AS, núm. 19, 2000, pp. 68 a 82.