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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
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que, al otorgar el amparo del derecho de libertad sindical, por un lado consagra el
derecho de los sindicatos a utilizar el servidor interno de correo electrónico de la
empresa para difundir información sindical a los trabajadores, y por otro establece
los criterios razonables conforme a los que dicha actividad ha de producirse 1782 .
El Tribunal declara que el derecho a informar a los representados, afiliados
o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad
sindical (art. 28.1 CE) en su vertiente de acción sindical (Fj 3º). Esto es, el derecho
de los sindicatos a utilizar los instrumentos de comunicación electrónica de la
empresa para comunicarse con todos los trabajadores de la empresa, estén
afiliados o no. Esto obligaría al empresario a facilitar a la representación sindical
las direcciones de correo electrónico de estos trabajadores. No obstante, lo más
lógico es que los sindicatos dispongan de este dato del trabajador afiliado y
carezcan de él si se trata de un trabajador no afiliado. En este último caso se
ha mantenido que la mencionada obligación empresarial decaería, dado que el
art. 3 de LOPD exige el consentimiento expreso y previo para poder facilitar esa
información dada la consideración del correo electrónico como «dato personal» .
No obstante, en un reciente informe la AEPD se ha pronunciado en sentido
contrario, al entender que el art. 28.1 de la CE, permite que se comuniquen las
direcciones de correo electrónico de los trabajadores a las secciones sindicales
más representativas, estando por tanto la cesión amparada en el art. 11.2 a) de la
LOPD 1783 , convirtiéndose así el sindicato en cesionario y debiendo cumplir con la
LOPD.
Así mismo, el Tribunal declara que para la promoción y efectividad del
derecho, el legislador impone al empresario la carga de facilitar, en determinados
casos, ciertos medios materiales (locales y tablones), obligaciones de terceros
afiliados y al resto de los trabajadores de la empresa, era tolerado sin que hubiera un impedimento al uso sindical del
mismo, debiendo el sindicato hacer un uso que no rebasase la normalidad. Contra la mencionada sentencia se interpuso
recurso de casación, STS de 26 de noviembre de 2001 (Ar. 3270), que vino a resolver si el Sindicato tenía derecho a exigir
la utilización del correo electrónico como medio de comunicación. La sentencia declaró que no existe norma que declare el
derecho del sindicato a utilizar los medios informáticos para comunicarse con sus afiliados y con las secciones sindicales y
que su utilización podrá ser objeto de negociación colectiva o acuerdo de cualquier tipo, pero que mientras no se obtenga
autorización expresa, la utilización deberá ser expresamente consentida por la empresa. Cuando el art. 8 LOLS consagra
el derecho de los afiliados a recibir la información que les remita su sindicato, no establece que sea la empresa la que deba
facilitar los medios materiales para llevarla a cabo.
1782
Sobre los posicionamientos de los tribunales sobre el uso con fines sindicales del correo electrónico en la empresa,
entre otros GARCÍA NINET, José Ignacio, “Sobre el uso del correo electrónico por los sindicatos utilizando los medios de la
empresa, o las nuevas tecnologías al servicio de la libertad sindical. El caso COMFIA-CCOO contra BBVA-Argentaria: del
“ius usus inocui” de las nuevas tecnologías”, TS, núm. 181, 2006, pp. 5 a 12.
1783
El art. 11.2 a) LOPD establece que no será necesario el consentimiento exigido para que los datos de carácter personal
objeto del tratamiento sean comunicados a un tercero, “cuando la cesión está autorizada en una ley”. El art. 10 RD
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece “será posible el tratamiento o la cesión de los datos de
carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: a) Lo autorice una norma con rango de ley o una
norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: el tratamiento o la cesión
tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por
dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los intereses previstos en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para
que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”. Vid MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
Ricard, “Secreto de las comunicaciones v. protección de datos en el ámbito laboral. A propósito de la Sentencia 282/2005
del Tribunal Constitucional Español y del Informe 101/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos”, obra cit. 17.