1_2159_coleccion_premio_investigacion_ces

Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
331
en la comprobación de la concurrencia con el principio de proporcionalidad y del
conocimiento previo por parte de los trabajadores cuando éste sea preciso” 1617 .
Ahora bien, un inconveniente más que se plantea en esta condición es que este
deber empresarial rige en los casos en que la medida de control sea estable o
permanente y excluye, por lo tanto, todo tipo de medida de control esporádica
o temporal 1618 . Esto significa que el empresario no tiene el deber de la audienciaconsulta
en aquellos casos en que pretenda puntualmente realizar un control
a un trabajador o trabajadores concretos. Y éste es precisamente uno de los
fundamentos por lo que el Alto Tribunal admitiría la validez de los denominados
controles ocultos, pero sólo como medida excepcional 1619 . En nuestra opinión,
sólo se podría llegar a un punto de equilibrio entre los poderes de control del
empresario y el ejercicio de los derechos del trabajador en la empresa admitiendo
un tratamiento muy restrictivo de esos controles ocultos 1620 . No obstante,
manifestamos nuestro rechazo a estos controles ocultos como regla general, por
considerar que constituyen una medida contraria al carácter restrictivo que debe
regir en toda medida que suponga una limitación de derechos fundamentales.
La verdadera finalidad del control consiste en tratar de evitar que el trabajador
realice un acto que suponga un incumplimiento o infracción, y para ello es
necesario que conozca los medios de vigilancia empleados por el empresario 1621 .
Consecuentemente, sostenemos que una prueba obtenida por el empresario sin
conocimiento por los representantes de los trabajadores debería considerarse nula
de pleno derecho 1622 . En realidad, si atendemos a la Directiva 95/46/CE, de 24
de octubre relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos, llegamos a esta conclusión porque “el hecho de que la
Directiva requiera que todo tratamiento de datos se efectúe de manera ‘lícita’
1617
FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit., p. 54.
1618
MARTÍNEZ FONS, Daniel, El poder de control del empresario en la relación laboral, obra cit., p. 59.
1619
En la STC 186/2000, de 10 julio, se admite como medida excepcional la instalación de un circuito cerrado de televisión,
alegando que esta medida no respondía “al propósito de vigilar y controlar genéricamente el cumplimiento por los
trabajadores de las obligaciones que les incumben” cuando se detectan “irregularidades en el comportamiento de los
cajeros en determinada sección del economato y un acusado descuadre”, y ello sirva para “verificar las fundadas sospechas
de la empresa sobre la torticera conducta del trabajador” (Fj 7º).
1620
GOÑI SEIN, José Luis, “Los criterios básicos de enjuiciamiento constitucional de la actividad de control empresarial:
debilidad y fisuras del principio de proporcionalidad”, obra cit., pp. 85 y 86, el control oculto “puede resultar necesario para
obtener la confirmación o una prueba de la actividad delictiva o ilícita del trabajador”, p. 97.
1621
Igualmente, SEMPERE NAVARRO, Antonio V., SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, Nuevas tecnologías y relaciones
laborales, obra cit., pp. 134 y 135. MERCADER UGUINA, Jesús R., “Derechos fundamentales de los trabajadores y nuevas
tecnologías: ¿hacia una empresa panóptica?”, obra cit., 301, defiende que no es necesario que el trabajador conozca la
ubicación exacta de cámaras o micrófonos, a lo que no se oponen los autores más arriba señalados, siempre y cuando el
trabajador perciba los medios de vigilancia, “pero si no es así, si están escondidos o camuflados, la única razón para omitir
el dato de su ubicación no será otra que la voluntar de ‘cazar’ al infractor que no sabe que en ese concreto sitio está siendo
vigilado, y cabría preguntarse si ésa es la verdadera finalidad del control (…)”.
1622
GOÑI SEIN, José Luis, El respeto a la esfera privada del trabajador, obra cit., 148, afirma que “el empresario no puede
ejercer el control fuera del cumplimiento de la prestación de trabajo” y, por lo tanto, un sistema de control como puede ser
un aparato audiovisual “no ofrece garantía alguna de respeto a los momentos reservados e íntimos del trabajador presentes
también en el lugar de trabajo”. Las consecuencias del uso con tales fines genera la responsabilidad civil del empresario
y la no idoneidad “para la producción de cualquier efecto: las comprobaciones no son utilizables en juicio a efectos
disciplinarios”, así como “cuando el trabajador ignora que es observado por una telecámara clandestinamente colocada
por el empresario”. Esto es así porque los trabajadores son titulares del “derecho a no ser fiscalizados ilegítimamente en
la vida privada y al respeto de su imagen en los momentos de su vida privada y fuera de ellos, como señala el art. 7º.4
LO 1/1982”.