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Capítulo II. La delimitación jurídica del teletrabajo
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En su cláusula sexta, el AMET contempla la materia relacionada con la
obligación empresarial del respeto de la privacidad del teletrabajador. Cuando el
empresario instale cualquier tipo de sistema de control éste debe ser proporcionado
a su finalidad y presentado de acuerdo con la Directiva 90/270 sobre pantallas de
visisualización, que establece que “no deberá utilizarse ningún dispositivo mínimo
de control cuantitativo o cualitativo sin que los trabajadores hayan sido informados
y previa consulta con sus representantes”. Como ha advertido la doctrina, una
actividad laboral que se ejecuta fuera del centro de trabajo puede ser supervisada
como si el trabajador estuviera en los locales de la empresa 711 . En realidad, lo que
se pretende con esta cláusula es conciliar el derecho del empresario al control
de la actividad laboral (art. 20.3 ET), y por lo tanto a ejecutar estos controles a
distancia, con otros derechos fundamentales de los trabajadores. No obstante, la
finalidad de esta cláusula no es garantizar el control empresarial, sino el respeto a
la vida privada del trabajador en la actividad del teletrabajo 712 .
En todo caso, la admisibilidad del control informático de la prestación
ha de conjugarse con dos principios: el del conocimiento previo por parte de
los trabajadores, y el principio de proporcionalidad, que requerirá ponderar las
características del control, los riesgos inherentes a la actividad laboral, el hecho que
se consienta o no la utilización del sistema informático para fines personales, etc. 713 .
Al respecto, cabe destacar la doctrina unificadora de la STS de 26 de
septiembre de 2007 714 , en relación con los límites del control empresarial sobre el
uso del ordenador por parte del trabajador. En primer lugar, contempla la posibilidad
de que el empresario pueda controlar, en principio, el uso por el trabajador del
ordenador en razón de lo estipulado en el art. 20.3 del ET y no en el art. 18.3
ET. Y en segundo lugar, establece la necesidad de que el empresario deba definir
previamente las reglas de uso del ordenador e informar a los trabajadores tanto de
la existencia del control como de las medidas aplicables, al estar en juego el derecho
a la intimidad e incluso el derecho al secreto de las comunicaciones 715 . Esta materia
en la que entran en juego los derechos fundamentales a la intimidad, secreto de las
711
THIBAULT ARANDA, Javier, JURADO SEGOVIA, Ángel, “Algunas consideraciones en torno al Acuerdo Marco Europeo
sobre Teletrabajo”, obra cit., p. 54.
712
SERRANO GARCÍA, Juana Mª, “Tratamiento del teletrabajo en el Acuerdo –Marco Europeo de 16 de julio de 2002”,
obra cit., p. 27.
713
En este sentido, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco, “La subordinación jurídica frente a la innovación
tecnológica”, obra cit., p. 1332, apostando por la negociación colectiva como el instrumento idóneo para la ponderación de
bienes, definiendo el ámbito de privacidad y la participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento
de los sistemas de control.
714
Recurso Unificación Doctrina 966/2006, enjuiciamiento del despido disciplinario de un trabajador que durante la
jornada laboral, y desde el ordenador de la empresa, visitaba páginas pornográficas en Internet, en la que la sentencia no
trata de la valoración de la conducta del trabajador a efectos disciplinarios.
715
GARCÍA-PERROTE, Ignacio, “El control empresarial del uso por el trabajador del ordenador”, IL. Jurisprudencia, núm.
11, 2008, pp. LN 2 a LN 9; MANTECA VALDELANDE, Víctor, “Control del empresario sobre el uso del ordenador por los
trabajadores: alcance, contenido y límites”, AJA, núm. 749, 2008, pp. 1, 8 a 10; TASCÓN LÓPEZ, Rodrigo, “El lento (pero
firme) proceso de decantación de los límites del poder de control empresarial en el era tecnológica”, AS, núm. 17, 2008,
pp. 49 a 69. En contra de este pronunciamiento, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco; THIBAULT ARANDA, Javier,
“El uso laboral del ordenador y la buena fe. (A propósito de la STS de 26 de septiembre de 2007, Rec. 966/2006), RL,
núm. 6/, 2008, pp. 51 a 59.