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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
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conocimiento por los representantes de esas medidas de control es imprescindible
cuando está en juego la vertiente colectiva de los derechos fundamentales del
trabajador 1607 . La intervención de los representantes de los trabajadores constituye
una garantía adecuada frente a las eventuales amenazas que supone para los
derechos fundamentales el control empresarial a distancia, por ejemplo, mediante
el uso de videocámaras. Creemos que no sería desproporcionada ni irrazonable
la atribución de efectos invalidantes a la decisión empresarial que incumpliera la
garantía constitucional del derecho a la información previa 1608 . Como advierte la
doctrina, la comunicación a los representantes de los trabajadores de la implantación
en la empresa de un sistema de control, como por ejemplo la videovigilancia,
cumple con la exigencia normativa de la publicidad y permite que su instalación
no tenga la consideración de subrepticia. En estos supuestos no se trata de sustituir
el consentimiento de los representantes de los trabajadores por el individual en
la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores singularmente
considerados, sino mas bien de buscar un cauce más adecuado en los casos de
exigencia legal del conocimiento por los trabajadores de las medidas empresariales
colectivas que afecten a la intimidad de cada uno de los trabajadores 1609 . En efecto,
el empresario debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Anexo
de la Directiva 90/270, sobre pantallas de visualización (Disposición mínima
3 b) estableciendo que “no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o
cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa
consulta con sus representantes”, atendiendo a que ese tipo de sistema de control
sea proporcionado a su finalidad conforme establece el AMT (2002) e insistiendo,
por lo tanto, “en dos de las condiciones de ejercicio básicas para el despliegue de
cualquier medida de control y vigilancia” 1610 .
En el AMET (2002) se contempla que, de acuerdo con las legislaciones
europea y nacional, los convenios colectivos y la práctica habitual, los representantes
de los trabajadores deben ser informados y consultados sobre la introducción del
tipo de publicidad (…)” pp. 89 y 90. En FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control
de la actividad laboral, obra cit., p. 54, “afirmación tan contundente puede resultar criticable”. En general, debido a la
ausencia de norma los Tribunales no consideran un requisito de legitimidad el previo conocimiento a los trabajadores de la
actividad de control del empresario, STSJ Cataluña 5 de febrero de 1999 (AS 1999/1110).
1607
En contra, APILLUELO MARTÍN, Margarita, “Contornos de control empresarial de la intimidad del trabajador ante
las nuevas tecnologías y a la luz de la doctrina judicial”, AS, núm. 4, 2003, p. 86, la omisión del informe no repercute
decisivamente en el derecho a la intimidad del trabajador. En FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades
empresariales de control de la actividad laboral, obra cit., pp. 55, la medida se justifica por el Alto Tribunal en que el
incumplimiento del requisito de la consulta sólo afecta a la posición de los representantes de los trabajadores frente al
empresario y no a los derechos constitucionales del trabajador.
1608
GOÑI SEIN, José Luis, La videovigilancia empresarial y la protección de datos personales, obra cit., p. 135.
1609
En este sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª Fernanda, “La intimidad del trabajador y su tutela en el contrato de trabajo”,
en CASAS BAAMONDE, Mª Emilia; DURÁN LÓPEZ, Federico; CRUZ VILLALÓN, Jesús (coords.), Las transformaciones del
derecho del trabajo en el marco de la Constitución Española. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñero
y Bravo Ferrer, obra cit., p. 670, añadiendo “no parece que el consentimiento de los representantes de los trabajadores
pueda sustituir al consentimiento individual en los casos en que éste es exigido en tutela de los derechos fundamentales
de los trabajadores singulares, pero es más que razonable pensar que la dimensión individual por sí sola no sea adecuada
en casos de exigencia legal de “conocimiento” por los trabajadores de medidas empresariales colectivas (…) pero que
potencialmente afecten a la intimidad de cada uno de los integrantes del colectivo afectado”.
1610
Al respecto, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral,
obra cit., p. 179.