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Capítulo V. El poder de control del empresario en el teletrabajo
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los representantes de los trabajadores (art. 64.5 f) ET) ni al conocimiento por parte
de los trabajadores. Ciertamente, resulta claro que el principio de buena fe tiene
la relevancia suficiente como para que se identifique con algunos de los límites
jurídicos de los poderes empresariales, en el sentido de caracterizarse por ser tanto
un principio corrector de los mismos, como por ser un mecanismo de control de
su ejercicio 1558 .
Se ha afirmado que la buena fe constituye un principio constitucional
implícito que puede servir para hacer más incisivo el control de los poderes del
empresario. En el ejercicio de sus poderes de dirección y control, el empresario
queda limitado por el principio constitucional de buena fe, ya que, en cuanto
principio de rango constitucional, la buena fe no sólo obliga a los poderes públicos
sino también a los titulares de un poder privado (art. 9.1 CE) 1559 .
En el poder de control, que en el teletrabajo se ejercita a través de las nuevas
tecnologías, el empresario no puede tener un comportamiento desleal en cuanto a
la obtención de las pruebas. Por lo tanto, sostenemos que en virtud del principio
de buena fe el empresario tiene que informar al trabajador de las medidas de
vigilancia que pretenda adoptar porque, en definitiva, la buena fe es compatible
con la libertad de empresa y la protección del patrimonio empresarial 1560 , ya
que aunque el art. 20.3 ET no establezca literalmente la necesidad de informar
al trabajador con carácter previo por parte del empresario, este requisito “es
igualmente exigible como consecuencia de la aplicación del principio general de
buena fe” 1561 .
1558
LUQUE PARRA, Manuel, Los limites jurídicos de los poderes empresariales en la relación laboral, Bosch, Barcelona,
1999, p. 131.
1559
En GIL y GIL, José Luis, Principio de buena fe y poderes del empresario, CARL, Sevilla, 2003, p. 196 y 197. Este autor
afirma que “la elevación de rango del principio de la buena fe puede servir para impulsar la limitación y control de los
poderes del empresario. En cuanto principio de rango constitucional, la buena fe no sólo obliga a los poderes públicos, sino
también a los titulares de un poder privado (art. 9.1 CE). El rango constitucional del principio de buena fe afecta, pues, al
empresario como titular de un poder privado. En un Estado de derecho, el empresario ha de ejercer sus poderes de acuerdo
con el principio constitucional de la buena fe”. En contra, entre otros, NARANJO DE LA CRUZ, Rafael, Los límites de los
derechos fundamentales en la relaciones entre particulares: la buena fe, Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 416, por lo tanto, su aplicación “se ha de ajustar de forma estricta a lo que
permite la protección de otros bienes o derechos constitucionales dentro del principio de proporcionalidad, y no puede
conducir a una limitación del derecho fundamental más allá de aquél”. En OJEDA AVILÉS, Antonio, “Equilibrio de intereses
y bloque de constitucionalidad personal en la empresa”, obra cit., pp. 29 y 30, resta importancia a este límite dada “la
pertenencia del mismo al vínculo obligacional”, extraño a la Constitución.
1560
En GIL y GIL, José Luis, Principio de buena fe y poderes del empresario, obra cit., p. 285; MARTÍNEZ FONS, Daniel,
El poder de control del empresario en la relación laboral, obra cit., p. 145. Para GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago, “La
informática en el seno de la empresa. Poderes del empresario y condiciones de trabajo”, obra cit., p. 42, un uso de buena
fe de las facultades de control exige un conocimiento previo del trabajador de la existencia, naturaleza, tipo de control, uso
de la información obtenida, accesibilidad, combinación o cruce posible con otras informaciones, etc. En FRAGALE FILHO,
Roberto; JEFFERY, Mark, “Información y consentimiento”, obra cit., p. 380, sugieren el establecimiento de una cláusula
general en el contrato de trabajo consistente en considerar contrario a la buena fe y lealtad el establecimiento de una
vigilancia no conocida. En contra, cuando se adopta con una finalidad preventiva de posibles incumplimientos laborales
SÁNCHEZ RODAS, Cristina, “Videocámaras y poder de vigilancia”, obra cit., p. 80; GARCÍA VIÑA, Jordi, “La regulación
de la buena fe en la figura del empresario”, AS, Tomo V, 2000, p. 1139.
1561
FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luis Antonio, Las facultades empresariales de control de la actividad laboral, obra cit., pp.
57 y 58.