La sordoceguera - APSA

social, permita que “los deficientes”, las personas con necesidades especiales, los sordociegos en
definitiva, adquieran una condición productiva, es decir, puedan acceder a algunos ingresos, aunque
éstos sólo servirán para reducir el déficit de los recursos prestados por la sociedad. Su deuda
continúa pero al menos se les brinda la posibilidad de disminuirla en la medida de sus capacidades
indemnes. Para la familia del sujeto diferente supone un gran alivio, puesto que tanto su carga
económica como el desgaste psíquico inherente se ven sensiblemente reducidos.
De acuerdo a estas propuestas, también se procederá a conceder subsidios en forma de ayudas
a las familias de los afectados, y no a éstos siendo sordociegos, que realmente sería lo correcto desde
el punto de vista n.e.e. El objetivo, por otra parte derivado de estas concepciones
institucionalizadoras de la deficiencia, es intentar sufragar las necesidades generadas más
fundamentales como individuo sordociego minusvalorado productivamente a raiz de su deficiencia.
B. Consolidación en nuestro país de los derechos
implícitos e inherentes de la sordoceguera.
La tutela y falta de independencia son comunes a todas las etapas del proceso, aún hoy, las
sociedad española de la década del 90 camina en desterrar viejos prejuicios antañónicos como los
descritos hasta aquí, en relación a toda suerte de actitudes sociales en torno al constructo de la
“diferencia”. Actitudes aún palpables en relación al colectivo formado por personas sordociegas.
Histórica y socialmente comienza a abrirse paso la noción de derechos universales, “de
los cuales nadie puede estar privado cualesquiera que sean los azares de su nacimiento o de su vida”.
(Cabada Alvarez, 1980, p.14)
Entre todos los derechos destacamos el derecho a la educación, que en si mismo
representa el mayor logro de la evolución sociohistórica española; y por otro lado, de cuya
aplicación y/o desarrollo se derivarán todos los demás derechos de las personas sordociegas con
necesidades educativas especiales. Así pues, asistiremos a un hito trascendental cuando el poder
público no tardará en asumir sus deberes educativos en referencia a la “diferencia”, es decir, su
responsabilidad en materia de enseñanza especial para alumnos sordociegos.
En un primer estadio, los fines perseguidos son mínimos educativamente hablando. Se trata,
pués, de proporcionar a las personas n.e.e con sordoceguera un lenguaje que les permita una
comunicación coherente con el mundo circundante y además unos conocimientos básicos que
socialmente sean considerados como los más convenientes tanto para facilitarles cauces de
interacción adecuada con el medio como para promover la justificación de una gestión estatal eficaz
dentro la propia colectividad. Era necesario poner de manifiesto la productividad de los recursos
implicados, esto es, que “valía la pena” esos altos costes educativos para instrumentalizar su
formación.
Lo cierto, es que, el nivel de inserción social que se proponía y se comprobaba en los
centros, centros en su mayoría “especiales”, por el grado de especificación determinante de la
variable educativa, que acogián, lógicamente, a personas con necesidades educativas, permanecía
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J. Inmaculada Sánchez Casado. Tesis Doctoral LA SORDOCEGUERA.
relativamente bajo, y las expectativas eran bastante limitadas.
Con el transcurrrir de los años se constata, sin embargo, el hecho de que las personas
etiquetadas como diferentes o deficientes, incluso a pesar de su sordoceguera, llegaban a tener acceso
a contenidos no meramente instrumentales, al mismo tiempo que eran capaces de alcanzar niveles
más altos de cualificación merced a la puesta en práctica de técnicas, estrategias y habilidades
superadoras de la incidencia otorgada por el propio hándicap; y cuya función de promoción social
comienza a manifestarse. Tal situación trae aparejada unos cambios reconceptualizadores de la
diferencia y por ende de la sordoceguera. En primer lugar, de cara a la gran variedad de pronósticos y
diversidad de diagnósticos por la heterogeneidad de discapacidades tantas como individuos que la
padezcan; igualmente de cara a la función selectiva “cuasi-natural” que desempeñaba la institución
escolar. Sendos aspectos hacen cada vez más difícil de justificar la rigidez segregadora del término.
De todo lo cual se deriva un nuevo derecho: la valoración de la persona en función de sus
posibilidades y capacidades no en sus limitaciones y deficiencias.
C. Una perspectiva más igualitaria:
las “posibilidades” de una persona sordociega.