Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo II

metería un error el gobierno que pretendiese mitigar las penas y la
filosofía misma le engañaría si así se lo aconsej,ase.
Michel de Servan defendía a la religión, pero de la misma
manera que Lardizabal, es decir, como valor instrumental de control
del poder: "Otra ventaja de la religión es que frecuentemente
agota la fuente misma de los crímenes, influyendo directamente
sobre las costumbres. Lo que la legislación debe conservar con el
mayor esmero no es la espada de la justicia que castiga al malvado,
sino el freno que lo sujeta. ¿Qué servicios prestará h filosofía si,
no satisfecha con desafilar la espada, destrozara el freno?" 12'.
Servan propuso una clasificación de los delitos en cuatro grupos,
que correspondían a su clasificacibn de las leyes y que pretendía
extraer como sistema de la razón misma: a) delitos contra las
leyes políticas; b) delitos contra las leyes cides; c) delitos contra
las leyes religiw; y d) delitos contra las leyes de la opinidn.
Distingue el concepto de crimen del de dslito, vinculado el primero
a las leyes natursiles y el segundo a las positivas. Los delitos dañan
para él a la sociedad entera: "Llamo delito dice- a todba acción que
daña a la sociedad poli,tica, sea haciendo lo que las leyes prohiben como
dañoso, sea no haciendo lo que ordenan como necesario" l". Rechaza de
plano ,la clasificación de los delitos en "públiccw3" y "privados", porque
dice que afecta al primer principio de las leyes criminales: "todo lo
que causa un daño a cualquier miembro de la miedad lo causa a la
sociedad misma". Tampoco acepta la clasificación de Montesquieu, porque
considera que los delitos que afeetan la seguridad de los ciudadanos
se confunden con los que afectan su tranquilidad.
Conforme a los cuatro grandes grupos en que divide los delitos,
de~arro1l.a un cuad'ro general de los mismos, según el cual los delitos
políticos se subdividen en delitos: a) contra el Estado y la sociedad
civil; b) contra el Poder Legislativo o el soberano; c) contra el poder
ejecutivo o el príncipe; y d) contra el poder judicial o el magistrado.
En la explicación de estos deli.tos se observa claramente el esfuerzo de
razonamiento para justificar el antiguo Tégimen, haciendo toda una
construcción para coartar la libertad de expresión, reunión y asociación.
Afirma también que en una democracia el delito de lees majestad,
por afectar al pueblo mismo, es más grave que en una monarquía.
Las leyes civiles constituyen para él el derecho del particular,
suponiendo siempre los delitos contra ellas un cierto peligro para el
ofensor y el ofendido. Estos delitos son más graves cuando hay mayor
peligro para el ofendido y menor para el ofensor, lo que un prin-
121 T. PV, pp. 33-4.
T. IV, p. 35.