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AÑO 1812. 409
civiles y de las que versaren sobre injurias, prohibiendo se en­
table pleito alguno si no se hace constar que se ha intentado
el medio de avenencia ó concordia. Lo demás se reduce á esta­
blecer sean á lo mas tres instancias y tres sentencias definitivas
las necesarias para terminar cualesquiera negocios ó litigios,
dejando á cargo de la ley fijar qué sentencia ha de ser en cada
uno la que deba causar ejecutoria, según la diferencia de asun­
tos y la índole de los pleitos.
CAPITULO III. De la administración de justicia en lo crimi­
nal.— « Si la administración de justicia en lo civil (así decia
hablando con las Corles la Comisión nombrada por las mismas
para presentar el proyecto de Código Constitucional): si la ad­
ministración de justicia en lo civil necesita que la Constitución
siente los principios que han de ordenar los juicios civiles, ¿con
cuánta mas razón no exije esto en lo criminal ? La naturaleza
de las causas criminales... reclama con preferencia la atención
y sabiduría del legislador. La primera diligencia con que se anun­
cia un juicio criminal, se dirije tal vez á privar á un ciudadano
de su libertad. La pérdida de la vida y de la reputación le si­
gue muy de cerca, y la reparación de perjuicios en caso de
error ó delito de parte de los jueces, no está reservada al po­
der humano. Vea ahora V. M. si el cuadro que ofrece entre
nosotros un Código criminal, lleno de leyes promulgadas por
la ferocidad y barbarie de los conquistadores del norte, por la in­
quietud , depravación y crueldad de los emperadores romanos,
por el espíritu guerrero de invasión y caballería que dominó por
muchos años durante la irrupción sarracena, unido al sistema
de arbitrariedad y tiranía, introducido por reyes estranjeros
contra nuestros antiguos fueros y libertades, y á despecho de la
integridad y firmeza de nuestros jueces y magistrados; si este