é 3 - citaREA

ROM — 666 — ROM
Estado se cuidaba de dar autorización para
romper ó roturar los terrenos adehesados de
dicados á pastos, tanto del común de vecinos,
como los de particulares, con lo que se
favorecía la cría de ganados y se perjudicaba
el desarrollo del cultivo. En ningún país se
había visto, ni vio jamás, que una sociedad
de ganaderos llegase á dominar con su interesada
gestión, basta prohibir el libre uso de la
propiedad particular, como llegó el Concejo de
la Mesta. La ley 11 de la Novísima, en su artículo
21 dice: «En los rompimientos que se
encontraren, se denunciaren por el procurador
fiscal, bien sea en dehesas de concejos ó particulares,
bien en pastos comunes ó baldíos, procurará
averiguar la licencia, permiso ó facultad
con que se ha ejecutado, como también el
tiempo ó antigüedad que tienen, haciendo que
los interesados presenten originales los documentos
ó instrumentos que para ello tengan,
de los cuales se pondrá el correspondiente testimonio
en la causa que en su razón se forme.
»22. Si se hubiese hecho con la debida
formalidad del Concejo, cuyo supremo tribunal
puede sólo darlas, se informará de si es
absoluta ó temporal, y en este caso, si se halla
ó no cumplido el tiempo, porque estándolo
debe recoger la original y castigar el exceso
conforme á la ley, apercibiendo á los culpados
sobre que se abstengan en lo sucesivo,
y no lo estando, hará asimismo el correspondiente
acerca de que, pasado el tiempo de la
concesión, no continúen en la labor, bajo la
pena ordinaria de la ley y demás á que den
lugar por su inobediencia.
»23. Si llevase el rompimiento mas de diez
años de antigüedad, deberá el subdelegado
informarse muy por menor del mas ó menos
perjuicio que puede causar á la real cabana,
cordel, vereda, paso, descansadero y abrevadero,
poner el debido remedio, castigándolo
como es justo; pero si fuese en otros sitios
baldíos ó comunes distantes de aquellos, ó
que por sus malezas ó montuosidad se han
dedicado algunos á descuajarlos, rozarlos ó
limpiarlos á su costa, se abstendrá de conocer
en ellas.»
Del abuso de aplicación de esas leyes tiránicas,
pues pudiéramos citar varias anteriores
á la de que hemos copiado los artículos
que preceden, cuyas disposiciones demuestran
que se legislaba en favor de las ganaderías
y en perjuicio de la población española. La
ley 2. a
, título XXI, libro VII, dice: «Mandamos
que todos los exidos y montes, términos
y heredamientos de los concejos de nuestras
ciudades, villas y lugares de nuestros reinos
y señoríos que tomados y ocupados por cualquier
personas, por sí ó por nuestras cartas,
que sean luego restituidos y tornados á los dichos
concejos, no los puedan labrar, vender
ni enajenar mas que sean para el procomunal
de las ciudades, villas y lugares donde son, y
si alguno ha labrado ó poblado cosa alguna
de ello, que sea luego deshecho y derribado.»
En los siglos xvi, XVII y xvín, con diferen­
tes alternativas de licencias especiales y aun
generales para romper los terrenos, como se
concedió á la provincia de Murcia, como dice
la ley 4. a
del dicho libro: «26. Y porque la experiencia
ha demostrado que el nuestro reino
de Murcia es necesario y conveniente que en
pastos comunes y baldíos se hagan rompimientos,
así para la labranza como para la
crianza de hierbas para los ganados, por ser
tierra de muchos atochares y maleza de montes;
es nuestra voluntad y mandamos, que los
dichos alcaldes mayores entregadores, ni otro
cualesquier juez no conozcan de los rompimientos,
que allí se hicieron con información
de, utilidad y aprobación del nuestro Consejo.»
De esa marcada predilección que se tenía
por la Real cabana, resultó tal escasez de alimentos,
que ya á principios del siglo presente
hubo de proveerse de manera de corregir falta
tan garrafal, como era la de limitar el cultivo
de las tierras, con el fin de favorecer la cría
de ganados, cuando de la libertad del cultivo
y de la cría de ganados nace que se unan ambas
industrias y se fomenten mutuamente, sin
lo cual no hay progreso posible para entrambas.
Por Real decreto de 31 de Agosto de 1819,
se dio motivo para suponer que los aires habían
variado; que el errado camino que se
seguía era perjudicial al progreso agrícola, y
qué la estancia en Francia del rey Fernando,
prisionero de Napoleón I, no había sido estéril
respecto al sistema de administración del
Estado. Fernando VII, después de un largo
preámbulo, en que recomienda las roturaciones
para hacer de regadío los terrenos incultos,
dice en su articulado:
«Artículo 1.° Concedo la exención de todo
diezmo y primicia en las cuatro primeras cosechas,
ya se cojan estas en los cuatro primeros
años, y en ocho, según costumbre mas
general, á los roturadores de terrenos incultos
que los reduzcan á un cultivo estable y
permanente, y no pasajero y temporal, cuando
los siembren de granos ó de cualquiera
otro fruto de los que concluyen su vegetación
en solo un año.
»Art. 2.° La misma exención gozarán los
que planten de árboles los terrenos nuevamente
rotos; pero en este caso no comenzarán
á contarse, con respecto al fruto del arbolado,
sino en los términos siguientes: En el plantío
de vid, concluido el séptimo año de su plantación;
en los olivos y algarrobos, concluido
el veinte, y en las moreras, concluido el duodécimo;
todo sin perjuicio de las costumbres
y privilegios de no diezmar que en algunos
pueblos y países gozan estas plantas; reservándome
dictar las reglas para otra clase de
árboles ó arbustos, si se me hiciese presente
la utilidad y necesidad de su fomento en algunas
provincias del reino.
»Art. 3.° Los que cercasen estos mismos
terrenos nuevamente rotos, con pared de fábrica
sólida, alzada por lo menos á seis palmos
castellanos sobre el nivel del terreno,