Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

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causen daño a la seguridad de la Commonwealth o cualquier Estado o Territorio;
o (b) que causen daños a la defensa de la Commonwealth; o (c) que causen
daños a las relaciones de la Commonwealth; o (d) pongan en peligro la seguridad
de cualquier edificio dentro de las acepciones de la Ley de Terrorismo
(Protección de la Comunidad) de 2003.
Internet ha puesto de relieve las diferencias jurisdiccionales en relación
con los derechos de propiedad, de acceso y de privacidad. La privacidad, la
protección de datos y el acceso público son reconocidos en Europa como derechos
humanos fundamentales, sustentados por las convenciones del Consejo
de Europa, los tratados de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal
de las Comunidades Europeas o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De manera importante, los dos derechos fundamentales —el acceso
y la privacidad— se aplican al mismo tiempo. La Unión Europea ha estado en
el primer frente de la legislación sobre privacidad como un derecho humano
y de protección de datos, estableciendo normas generales en este área, pero
incluso dentro de la Unión Europea siguen existiendo diferencias de sustancia,
si no de principio. Fuera de la Unión Europea existen significativas diferencias
jurisdiccionales en el modo en que los principios se interpretan y se
convierten en ley. Los EE. UU. tienen una aproximación a la privacidad más
centrada en el mercado que en los derechos humanos. En muchos países, incluida
Australia, no hay derecho humano constitucional expreso sobre la privacidad.
A efectos de derechos de autor, los derechos de los autores y de los propietarios
de la reproducción, distribución, transmisión, ejecución, adaptación
y copia de los materiales dependen de definiciones estatutarias domésticas
de autores y propietarios de los derechos. La información compartida por
múltiples autores, posible gracias a lo que se ha llamado tecnologías Web
2.0 (blogs, podcasts, sitios para compartir imágenes, sitios para compartir video,
microblogging, wikis, y redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter),
no encajan perfectamente en la legislación sobre propiedad personal.
Los movimientos socio-legales y técnicos que están abordando este compartir
la propiedad intelectual incluyen la «fuente abierta» y el «Creative Commons»,
que animan a los autores a dejar sus obras tan pronto como sea posible
en el dominio público o proporcionar licencias de bajo coste que utilizan
diversos incentivos que en parte abordan la propiedad mediante una accesibilidad
incrementada. Los aspectos técnicos que han sido sugeridos para
salvar los requisitos de derechos de autor incluyen un registro opcional de
derechos públicos y un sistema de depósito opcional para animar a la conservación
de las obras (Greenleaf, Vaile y Chung 2005). El compartir pública-