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Antecedentes normativos de la Administración electrónica
El documento electrónico antes de la LAE | En todo documento probatorio
es preciso diferenciar la materialidad del soporte, al que se incorpora una
manifestación de voluntad o la expresión de un hecho, y su contenido. De
forma histórica e inevitablemente lógica, el concepto de documento que han
venido recogiendo nuestras leyes se identificaba, más que con el documento
per se, con el papel y la escritura gráfica. Sin embargo, la aceptación legislativa
de los medios electrónicos se ha abierto paso desde hace ya largo
tiempo (considerando que la evolución de los acontecimientos relativiza notablemente
el sentido del adjetivo largo).
Una de las pioneras, aunque con una finalidad muy específica, acaba de
cumplir silenciosamente un cuarto de siglo: la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, art. 49.1, que contempla los soportes informáticos
en su definición de documento, la cual ha sido, con mayores o
menores variaciones, acogida por otras normas posteriores.
Es, sin embargo, en los ámbitos tributario o mercantil y, en general, en los
de contenido fundamentalmente económico-financiero, en donde, desde
muy temprano y hasta hoy, el documento electrónico ha ido tomando carta
de naturaleza10 , aunque no de forma exclusiva, ni mucho menos. En otros
sectores también encontramos antecedentes significativos. Así, además de la
mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial, laLey 10/1995 de 23 de noviembre,
del Código Penal dispone en su artículo 26: A los efectos de este
Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore
datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo
de relevancia jurídica.
Esta última cuestión es fundamental para comprender la necesidad de todo
el entramado normativo referido a la Administración Electrónica en general
y al documento electrónico en particular. La admisibilidad del documento
electrónico como medio de prueba, en paralelo al desarrollo normativo, también
ha ido construyéndose desde la jurisprudencia, teniendo en cuenta el
principio recogido en el artículo 3 del Código Civil11 , hasta declarar la admisibilidad
del documento electrónico, y la equiparación del mismo, a todos los efectos,
al documento tradicional. La realidad social a la que allí se alude venía demandando
la recepción del documento electrónico a efectos probatorios frente
a la inicial —y lógica, si se atiende al state of the art de la tecnología— resistencia
de los Tribunales12 . La STS de 5 de febrero de 1988, ya señalaba que
...Las relaciones de medios probatorios de las leyes de procedimiento no tienen
el carácter de exhaustivas, en cuanto configuran una ordenación acorde con el
momento en que se promulgan. Las innovaciones tecnológicas —el cine, el vi-