Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

626
co está ahora familiarizado. No puedo enfatizar en demasía cuán importantes
han sido la creación, el desarrollo y la adaptación continuados de eficacias
administrativas y de gestión en nuestra articulación y nuestra implantación del
contenido intelectual de la macrovaloración a lo largo del tiempo, ni el modo
en que la mejora de las actividades sigue animando los desarrollos dentro del
contexto de la gestión de documentos gubernamentales hoy en día en LAC.
En los primeros años, el Archivo Nacional proporcionó de manera muy deliberada
a la macrovaloración un fuerte fundamento en planificación de gestión
de proyectos, análisis de sistemas de información y calendarios de actividades
de valoración, informes de decisiones, seguimiento de documentos, negociación
con el cliente, y rendición de cuentas y/o firma de instrumentos y aprobaciones.
Nuestro punto de vista actual es que la constitución y la construcción
de la memoria pública (o estatal) —como cualquier otro elemento de la
empresa pública— debe estar basada en políticas y apoyada por procesos lógicos
y procedimientos administrativos. De hecho, esto representa un elemento
clave dentro del mantra de la modernización institucional bajo nuestro
nuevo Bibliotecario y Archivero, esto es, la articulación y la conservación de la
memoria pública es un objetivo de la política pública y se implanta dentro del
contexto de la administración pública (Caron, 2010 (c); Caron, 2010, (a); Caron,
2010, (b)). En consecuencia, debemos tener capacidad para ser predecibles,
medibles y responsables en relación con los resultados. Inicialmente comenzamos
a aprender esta lección durante los años noventa del siglo veinte,
y desde entonces ha devenido una parte esencial del manifiesto de la macrovaloración,
y continúa evolucionando 20 años después de su comienzo. De
manera significativa, también tiene mucho que ver con el modo en que el anterior
Archivo Nacional comenzó a abordar el otro problema al que se enfrentaba
en medio de la crisis de valores archivísticos e históricos: la conspicua ausencia
de estrategias, metodologías y criterios de valoración.
Aunque gran parte de la discusión inicial se enfocó sobre las líneas de gestión
para la provisión de programas y servicios, tal y como se ha esbozado más
arriba —siendo en este caso el desencadenante la presión ejercida por los departamentos
y las agencias para obtener autorizaciones de valoración y selección—
pronto se hizo evidente que había otras cuestiones que requerían resolución,
muchas notablemente conectadas con la ponderación de los documentos
del gobierno para establecer su valor archivístico o histórico, esto es,
la otra cadena del vínculo con la valoración y selección de los documentos del
gobierno, expresada mediante la concesión de autorización. Típicamente, en
el Archivo Nacional, (y como yo lo experimenté personalmente) durante los
años ochenta, y como prácticamente en cualquier otro lugar en el mundo archivístico
—especialmente en Norteamérica— la determinación del valor ar-