Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos a
efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
en materia de Archivos, de manera que se pueda asegurar su
conservación, y recuperación a medio y largo plazo.
75 De ahí que en la edición de TECNIMAP 2010 hayan sido muchas voces
las que manifestaron la urgencia de un desarrollo técnico para el denominado
Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y de ahí también
que en el sector empresarial de las TIC, tan interesado en la evolución
de la Administración electrónica, ya se diga que “es el momento de la
gestión documental”...
76 Son fundamentales los trabajos de Severiano FERNÁNDEZ RAMOS
(1997; 2001), entre otros. También GUICHOT REINA (2009; 2007).
Otros trabajos de importancia, entre los muchos existentes, son POMED
SANCHEZ (1997; MESTRE DELGADO (1993); o FERNÁNDEZ SALME-
RÓN (2001). Del mismo autor, La protección de los datos personales
en las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2003, especialmente
las páginas 165 a 191.
Me remito asimismo a lo ya dicho en mis trabajos OCAÑA LACAL (1999;
2001) y “El archivero y el derecho de acceso en la sociedad democrática:
algunas reflexiones”, en VVAA, Administración, archivos y ciudadanos.
El derecho de acceso al documento administrativo, Consejería
de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, Murcia, 2001. Todos
ellos recogen abundante bibliografía sobre el tema.
77 No entramos a considerar la problemática que implica la determinación
de la relevancia de las investigaciones por parte de las Administraciones
Públicas (Fernández, 2001, 108).
78 Decreto Foral 54/2010, de 6 de septiembre, por el que se regulan los servicios
de información y atención ciudadana en la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra; Decreto 236/2010, de 3 de septiembre,
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región
de Murcia; Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos
en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y de Gestión Pública, art. 21.
79 Ya en 1992 afirmaban voces muy autorizadas —y, según parece, equivocadas,
al menos durante largo tiempo— que el derecho de acceso era
un derecho de enorme trascendencia llamado a transformar radicalmente
los hábitos de nuestra Administración (García, 1994, II, 467).
80 No es éste el lugar ni acaso sea tampoco el momento para emitir un juicio
acerca del anteproyecto —cuya tramitación, al parecer, se encuentra
paralizada—. Sobre el mismo Access-Info, la entidad que lo
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ha difundido, ha iniciado una encuesta así como un primer análisis
que contiene, a mi juicio, algunas inexactitudes. [Consulta:
26/09/2010]. Disponible en: .
81 En el proyecto se atribuyen a la Agencia de Protección de Datos competencias
en materia de resolución de recursos en materia de derecho
de acceso, al parecer con el fin de evitar crear otra Agencia ad hoc lo
cual supondría un incremento del gasto público. Dejando a un lado si
la Agencia es el actor más idóneo para ello –que creo que no, dada
su trayectoria hasta la fecha-, me pregunto si tiene sentido que algunos
perseveren en atribuir competencias en la materia a la Comisión
Calificadora de Documentos Administrativos, dependiente del Ministerio
de Cultura.