Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

El sistema normativo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE)
El proceso iniciado con la LRJPAC y acelerado por el impulso de las políticas
de la Unión Europea en materia de Sociedad de la Información ha culminado
en nuestro país —por el momento— con la promulgación de la Ley
11/2007, de 20 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos (LAE) 25 , norma legal de nuestro ordenamiento que evidencia
una percepción global del fenómeno de la Sociedad de la Información en el
Derecho Administrativo26 . Aunque su objeto parece ser garantizar el derecho
de los ciudadanos de relacionarse con las Administraciones Públicas por vía
electrónica27 , la Ley va más allá: ese objeto es la Administración Electrónica
in totum pues plantea los problemas y necesidades que la Administración
electrónica entraña y previene en el articulado que su funcionamiento los
considere en todo momento: normas sobre autenticación, tipos de firma
electrónica, régimen de transmisiones de datos, notificaciones, registros, documentos
y archivos electrónicos, etc. (Gamero, 2008, pp. 55-56). Y aunque
será a estos últimos a los que se ceñirá con mayor detalle este trabajo, es premisa
previa hacer un esbozo, siquiera apresurado, de la LAE.
Apuntado su objeto, los fines de la ley se resumen básicamente en el reconocimiento
de las ventajas de la Administración Electrónica en las relaciones
jurídico-administrativas28 : Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes por vía electrónica, eliminando barreras, aumentando la
transparencia, mejorando y simplificando el funcionamiento de la Administración
Pública. Como decíamos al principio, la Administración Electrónica
no supone tan sólo digitalizar lo preexistente.
Su ámbito de aplicación29 comprende las distintas Administraciones Públicas,
aunque deja alguna laguna que ya ha causado algunos problemas, también
en cuanto al régimen jurídico de archivos y documentos se refiere30 .
En cuanto a su posición en el sistema de fuentes31 , esto es, en la jerarquía
normativa que determina su aplicación obligatoria o subsidiaria en concurrencia
con otras normas estatales o autonómicas, la LAE ha sido criticada
por haber cedido un gran espacio al desarrollo reglamentario de sus previsiones
en beneficio de otras Administraciones Públicas (Estado, Comunidades
Autónomas, Administración Local, etc.), lo que puede suponer una verdadera
centrifugación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común32 . La única vía que permitiría minorar
las consecuencias es la derivada del importante papel que se reserva al
Estado (art. 42 LAE) en materia de interoperabilidad, objeto del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica (en adelante
493