Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria - Arquivos de ...

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ta su finalización y diferenciar la fecha del documento de la de entrada en
el registro
¬ Identificar un documento, realizar su seguimiento e identificar a los órganos
y unidades participantes.
¬ Racionalizar su sistema de información y gestión documental, mediante
el enrutamiento de los procedimientos según un plan previo de clasificación
de documentos, de acuerdo con una concepción global de la gestión
documental, con estrecha coordinación, como ya se ha dicho, entre
registro general, oficinas y archivo.
La LAE, y es doctrina casi unánime, ha supuesto un gran avance en la regulación
del registro electrónico. Se recupera la admisión universal de documentos,
entendida como la posibilidad de recepcionar cualquier tipo, a diferencia
de los anteriores registros telemáticos, que sólo admitían los procedimientos
especificados en sus normas de creación (arts. 24.2.b) y 24.3). Aunque
desaparece el derecho del art. 38.4 LRJPAC a presentarlos en cualquier
registro (estatal, autonómico o, en caso de convenio, local) y ahora ha de
presentarse en el registro de la administración pública actuante51 . Al menos,
hoy por hoy. Pues, al igual que se ha creado ex art. 31 del RDDPLAE el Registro
Electrónico Común en la AGE52 , no parece descabellado prever interconexiones
registrales entre todas las administraciones públicas. Al fin y al
cabo eso es la Administración electrónica auténtica, un sistema integrado
que, con independencia de la titularidad de las competencias, ofrezca servicios
al ciudadano, a quien tal cuestión no importa demasiado o nada.
***
Al derecho general a la relación electrónica se unen otros, algunos de los
cuales apenas se han esbozado ya, y que son objeto de los distintos apartados
del art. 6.2 LAE (Cotino, 2008, pp. 190-217). Son, por su especificidad
y alcance, los que mayores cargas imponen a las administraciones públicas
respecto de los ciudadanos y, en su conjunto, determinan la necesidad ineludible
de considerar la gestión de los documentos electrónicos como elemento
estratégico sin el cual la Administración Electrónica no sería sino un mero
trampantojo.
En algunos casos, se trata de una proyección —de mayor alcance— de los
derechos reconocidos en el 35 LRJPAC (derecho de no aportar datos y documentos,
a conocer estado de tramitación de procedimientos u obtener copias
de los mismos). En otros casos, comportan elementos de libertad de
elección de los ciudadanos (canales, firmas electrónicas, aplicaciones...). Pe-